Ecologistas argentinos piden apoyo al Papa en lucha contra papelera uruguaya

BUENOS AIRES.- Ecologistas argentinos escribieron una carta al Papa Francisco para que interceda por ellos en su lucha contra la papelera finlandesa UPM (antes llamada Botnia) y se declararon hoy en "asamblea permanente" ante la posibilidad de que el Gobierno uruguayo autorice el aumento de su producción.

"Nos sentimos indefensos ante tanto poder, solicitamos su intervención", decía la misiva que la Asamblea Ambientalista de la ciudad argentina de Gualeguaychú escribió al Papa Francisco y que fue publicada en el sitio de la organización ambiental en la red social Facebook.

"Humildemente rogamos su oración, su gesto, su ayuda, intercediendo ante los poderosos del mundo, para poder seguir sintiéndonos fieles custodios de la creación de nuestro Señor", continuaba la carta que enviaron al Pontífice a través del obispo de esta ciudad argentina, Jorge Lozano.

La ONG ecologista se declaró hoy "en asamblea permanente" por "la declaración del Presidente de la República Oriental del Uruguay reconociendo que Botnia-UPM, contamina, más la ampliación de producción de la planta", según un comunicado.

La asamblea se refirió así a una declaración del viernes del Presidente uruguayo, José Mujica, a la agencia Bloomberg, en la que dio a entender que podría autorizar a la papelera un alza en la producción, a cambio de mejoras medioambientales de la compañía.

Los ecologistas argentinos convocaron también a una concentración para mañana en la que se decidirán los pasos a seguir si finalmente se confirmara que la papelera pasará de fabricar 1,1 millones de toneladas de pasta celulosa a 1,3 millones.

La instalación de la papelera en la localidad uruguaya de Fray Bentos, fronteriza con la argentina Gualeguaychú, en 1997 derivó en el mayor conflicto diplomático en décadas entre Uruguay y Argentina.

La Asamblea mantuvo cortado durante tres años el puente internacional que unía a ambas localidades y el litigio derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2010 dictaminó que no había pruebas que demostraran la contaminación denunciada desde Argentina.