LA HABANA.- La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) reportó hoy un fuerte incremento de las detenciones por motivos políticos en Cuba, con un total de 708 personas arrestadas en septiembre.
Se trata "de una de las cifras más altas en los últimos cuatro años", señaló el grupo, que difundió asimismo 20 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en su reciente examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Las autoridades cubanas no habían dado detalles sobre las críticas recibidas hace más de diez días en Ginebra por la situación de los derechos humanos.
El número de detenciones políticas es el más alto reportado por la Ccdhrn desde marzo de 2012, cuando registró un alto número de arrestos de opositores por la visita del papa Benedicto XVI a la isla.
Además de las "detenciones arbitrarias por motivos políticos", la ilegal pero tolerado organismo habló de "un aumento proporcional" de las víctimas de agresiones y de los llamados "actos de repudio", sobre todo entre el grupo disidente de las Damas de Blanco.
Las esposas de ex presos políticos denuncian desde hace semanas detenciones de sus activistas, sobre todo en provincias. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, señaló el pasado 23 que sus simpatizantes habían sufrido actos de represión durante al menos 12 semanas.
Las Damas de Blanco realizan regularmente marchas dominicales pacíficas con reivindicaciones políticas.
La Ccdhrn, liderada por el disidente Elizardo Sánchez, es el grupo más importante dedicado a la recopilación sistemática de datos sobre los derechos humanos dentro de la isla. Sus informaciones son recogidas por Amnistía Internacional.
El Gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los disidentes de ser "mercenarios" financiados desde el extranjero para desestabilizar el país.
En su informe mensual, la Ccdhrn difundió también las 20 recomendaciones que rechazó el gobierno de Raúl Castro durante su segundo examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que terminó el pasado 20 de septiembre.
Entre ellas están pedidos de levantar las restricciones al libre uso de Internet y garantizar las libertades de asociación y reunión en la isla.
Países como Estados Unidos y República Checa pidieron también una investigación independiente de la muerte del disidente Oswaldo Payá, fallecido en julio de 2012 durante un accidente de tránsito.
Cuba señaló el 19 de septiembre que aceptaría todas las recomendaciones excepto "aquellas sesgadas políticamente".