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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:13
ROMA.- El Tribunal de Apelación de Milán fijó este sábado en dos años la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y lo despojó de su derecho de votar y de ser elegido, tras su condena por fraude fiscal en el caso Mediaset, informó la prensa italiana.
En la audiencia de hoy, los jueces del Tribunal de apelación acogieron la petición de la fiscal Laura Bertolè, quien determinó que la pena de inhabilitación que se tenía que aplicar era de dos años. Berlusconi por su parte, puede apelar esta sentencia ante el Tribunal de Casación.
El veredicto puede costarle al tres veces primer ministro su cargo en el parlamento, pero para eso, la cámara deberá validar la decisión judicial de este sábado, al cabo de un procedimiento que puede durar semanas o meses.
El Tribunal de Casación, máxima instancia jurisdiccional, confirmó el 1 de agosto la condena del magnate de la prensa a una pena de cárcel por fraude fiscal, pronunciada previamente en instancia de apelación.
Sin embargo, la Corte anuló otra pena "accesoria" que prohibía a Berlusconi, de 77 años, ejercer un cargo público durante cinco años, y consideró que había que reducirla a un período de entre uno y tres años. Finalmente serán dos, en virtud de la decisión del tribunal de apelación milanés.
Ahora los abogados de Berlusconi podrán recurrir de nuevo al Supremo sólo este nuevo cálculo de inhabilitación para conseguir una rebaja.
En cuanto a la pena de prisión, cuatro años reducidos a uno gracias a una amnistía, no la purgará en la cárcel por razones de edad. El ex mandatario ha decidido hacer trabajos de interés general.
Esta última condena podría hacerle perder por la vía rápida su escaño en el Senado, en virtud de la ley Severino, que prevé la expulsión de los parlamentarios condenados de forma definitiva a una pena de prisión.
Berlusconi está acusado de haber "inflado" artificialmente el precio de los derechos de difusión de películas, comprados a través de sociedades pantalla de su propiedad y vendidos a Mediaset, un sistema que permitía al grupo reducir los beneficios en Italia y pagar menos impuestos. Se calcula que el fisco dejó de recibir unos 7 millones de euros.
