Distintos grupos de inmigrantes han realizado manifestaciones para impulsar cambios a la normativa actual en EE.UU.
APWASHINGTON.- Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) acusó a Estados Unidos de "criminalizar" a los inmigrantes indocumentados y exigieron poner fin a las deportaciones que, según indican, violarían derechos básicos de los afectados.
Las denuncias fueron planteadas al abrirse el lunes las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Abogados, trabajadores y académicos denunciaron que las autoridades de la agencia migratoria estadounidense (ICE) actúan a discreción, sin considerar la unión de las familias o los derechos de los niños.
Los menores muchas veces terminan bajo la custodia estatal cuando sus padres indocumentados son deportados.
Dichas expulsiones causan "trastornos permanentes a las familias" y dejan a las personas expulsadas "sin una posibilidad realista" de reunirse con sus allegados, señaló el abogado Robert Panw.
"Hay violaciones individuales a protecciones garantizadas por derechos laborales, no discriminación, unidad familiar y debido proceso", señaló por su parte Salvador Sarmiento, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
El Presidente estadounidense, Barack Obama, promueve una reforma a la legislación migratoria, que actualmente está bloqueada en la Cámara baja del Congreso por sus opositores republicanos.
El proyecto, aprobado en junio por el Senado, contempla abrir una vía, bajo estrictas condiciones, a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
No obstante, Washington ha continuado las deportaciones, que en los cinco años del gobierno actual han afectado a más de dos millones de personas, según los denunciantes.
Obama decretó un programa que exceptúa de deportación a jóvenes estudiantes que fueron llevados ilegalmente al país por sus padres cuando eran niños y ha exhortado a las autoridades migratorias a enfocarse en las personas sospechosas de crímenes o con antecedentes penales.
Alusión a cierre fiscal
Como en las otras audiencias en las que participó este lunes, la representación de EE.UU. ante la CIDH alegó que no tuvo condiciones de preparar las respuestas debido al cierre administrativo de parte del gobierno entre el 1 y el 16 de octubre.
El representante adjunto ante la CIDH, Lawrence Gumbiner, prometió ofrecer sus argumentos por escrito en un plazo de 30 días.
