MADRID.- Gran controversia generó la aprobación de este viernes de la reforma del aborto en España, que pondrá fin al derecho de la mujer de abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación y que además deja fuera las malformaciones del feto como supuesta para la interrupción voluntaria del embarazo.
La ley, aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy y que aún debe ser tramitada en el Parlamento, tipifica el aborto como delito. Un delito despenalizado solo en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
La medida causó un gran revuelo en España, pese a que desde hace ya tiempo se esperaba una reforma restrictiva.
Organizaciones de mujeres convocaron protestas y el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, apeló a la "conciencia y sensibilidad" de las 76 diputadas del Partido Popular (PP) de Rajoy para que voten en contra en la tramitación parlamentaria de la ley y esta no salga adelante.
La reforma pondrá fin a la ley de plazos del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que rige desde 2010 y sacó el aborto del Código Penal. Una vez pase el trámite parlamentario y entre en vigor, la interrupción voluntaria del embarazo dejará de ser un derecho de la mujer.
El PP recurrió en su día la ley de Zapatero ante el Tribunal Constitucional pero, una vez en el gobierno, no quiso esperar al pronunciamiento de la corte.
La reforma "iba en nuestro programa electoral y hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley del 85, que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada por el gobierno (socialista) de Felipe González", argumentó Rajoy en Bruselas, mientras su gabinete daba luz verde al texto en Madrid.
La ley de 1985, la inmediatamente anterior a la de 2010, permitía sin embargo también el aborto por malformaciones fetales, algo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó fuera de la futura norma. "No hay embriones de primera o de segunda, como no hay en nuestra legislación personas de primera o de segunda", dijo.
En casos de malformación del feto, la única opción que tendrá la mujer para abortar será demostrar que llevar el embarazo a término supondría un riesgo para su salud psíquica, acogiéndose así a uno de los dos supuestos contemplados. Además del informe médico en el que se acredite ese riesgo para ella necesitará aportar otro que certifique que el feto sufre anomalías "incompatibles con la vida".
"Retroceso" en los derechos de la mujer
Este punto no solo es tema de polémica en la sociedad española, sino que también generó divisiones en el seno del propio gobierno y del PP, según reflejó la prensa española mientras Gallardón preparaba el texto.
A las puertas de La Moncloa se concentró un grupo de mujeres para protestar por la futura ley, que alejará a España de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde rigen leyes de plazos que permiten abortar en un periodo prefijado sin alegar motivo alguno.
Junto a la izquierda y a otros sectores sociales, las asociaciones de mujeres hablan de retroceso en sus derechos y ven un guiño a la Iglesia católica y al electorado más conservador del PP. "Nos devuelve a tiempos preconstitucionales", aseguró la asociación progresista de magistrados Jueces para la Democracia.
La futura norma lleva por nombre "Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada" y sustituirá a la "Ley de salud sexual y reproductiva". Un cambio semántico en el que los opositores de la ley de Rajoy ven un claro tinte ideológico. Las asociaciones antiabortistas, por su parte, lamentan que no se vaya a prohibir completamente el aborto.
Ahora mismo, con la ley de Zapatero, además de poder abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, la mujer puede interrumpir el embarazo en caso de riesgo grave para su vida o su salud o para las del feto hasta la semana 22. Si se detectan en él enfermedades muy graves, incurables o incompatibles con la vida, el aborto se puede practicar en cualquier momento del embarazo.
Con la reforma de Rajoy, el plazo máximo para abortar será de 12 semanas en caso de violación y de 22 en el de riesgo para la salud física o psíquica, un riesgo que la mujer tendrá que acreditar con el informe de dos médicos que no trabajen en el centro en el que se practicará el aborto.
El gobierno de Rajoy prohibirá toda publicidad de las clínicas de aborto y permitirá a todos los profesionales sanitarios acogerse a la objeción de conciencia. Con la futura ley, las chicas de 16 y 17 años necesitarán de nuevo el permiso de sus padres o de sus tutores para abortar, algo con lo que acabó la ley de Zapatero.
