WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de EE.UU. dio luz verde este miércoles a la ejecución de Herbert Smulls, al rechazar la última petición de sus abogados, en la que argumentaban que el estado de Misuri se ha negado a revelar la procedencia de la controvertida inyección letal no homologada que se pretende usar.
La ejecución de Smulls, de 56 años, estaba prevista para la madrugada de este miércoles, pero en el último momento la Corte Suprema ordenó una suspensión temporal para estudiar las últimas alegaciones de la defensa.
En la escueta orden emitida hoy, el Supremo no ofrece más detalles sobre su decisión por lo que se desconocen tanto los argumentos del tribunal para rechazar las alegaciones de la defensa como la nueva fecha y hora de la ejecución.
Smulls está condenado a pena de muerte por asesinar al dueño de una joyería del condado de San Luis (Misuri) durante un robo en 1991, un suceso en el que también hirió de gravedad a la esposa de la víctima.
Su abogado Cheryl Pilate explicó este miércoles que sigue vigente una suspensión temporal de la ejecución en un tribunal menor, lo que, según él, impediría al estado de Misuri seguir adelante.
La polémica en torno a la ejecución de Smulls, que sería la sexta en lo que va de año en EE.UU., radica en que se pretende usar una inyección letal con un solo componente, el anestésico pentobarbital, cuya procedencia fue declarada "secreto" en el estado de Misuri y que se obtuvo a través de una fórmula magistral, excluida, por tanto, de la supervisión de las autoridades federales.
La escasez de las dosis de las inyecciones letales convencionales forzó a la mayoría de los 32 estados que aplican la pena de muerte a tantear nuevos métodos de ejecución, incluso ha puesto sobre la mesa una posible vuelta al uso obligatorio de la silla eléctrica.
Hasta ahora se usaba una inyección letal con una combinación de tres medicamentos, pero se agotaron las existencias cuando las farmacéuticas que producían los anestésicos, los ingredientes clave, dejaron de venderlos para su aplicación en la pena capital.
Según la defensa, al no conocer la procedencia de la inyección no se dispone de suficiente información para garantizar que el preso no sufrirá dolor durante la ejecución, lo que podría violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles.
Una jueza federal del distrito en Kansas City rechazó el lunes la petición de retrasar la ejecución 60 días por considerar que el hecho de que se desconozcan los peligros asociados a la inyección no implica necesariamente que su aplicación vaya a causar dolor.
