China decreta normativa para redefinir concepto del "secreto de estado"

BEIJING.- China redefinirá el concepto de "secreto de estado" en el que se escudan los políticos para ocultar datos de interés público, poco después de que varios medios internacionales publicaran un informe que denuncia la posesión de cuentas en paraísos fiscales de familiares de altos líderes chinos.

Las nuevas normas indican que los departamentos gubernamentales "no deben definir como secreto de estado información que por ley pertenece al público", según reveló hoy la agencia oficial "Xinhua".

La iniciativa, que entrará en vigor el próximo 1 de marzo, busca "impulsar la transparencia del Gobierno", apunta la agencia, si bien no especifica la naturaleza de lo que debe o no considerarse secreto de estado, un concepto que tradicionalmente abarca numerosas áreas en China.

Entre otras, las más controvertidas son las relacionadas con el patrimonio de los líderes, el número de ejecuciones al año o los índices de contaminación.

El comunicado también dice de forma ambigua que "la definición de qué constituye o no un secreto de estado debe ser acordada de la manera adecuada y ajustándose a los cambios de cada situación".

"Los funcionarios que descubran que no se ha cumplido la normativa, deberán informar del problema en 24 horas o serán castigados", agrega.

Algunos funcionarios chinos, sobre todo en los niveles más locales, califican como secreto de estado información comprometida sobre compañeros de mayor grado, vinculada a asuntos como la contaminación o la corrupción, para no recibir luego represalias si la revelan.

A finales del mes pasado, varios medios internacionales publicaron un informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que prueba que al menos trece familiares de los principales líderes chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping o el ex primer ministro Wen Jiabao, hacen uso de paraísos fiscales.

Pese a los aparentes intentos de transparencia y lucha anticorrupción del Gobierno, la reacción de las autoridades chinas fue la de descalificar el informe y bloquear las páginas web de los periódicos (entre ellos "El País" o "Le Monde") que habían publicado la información, sin que aún se pueda acceder a las mismas desde la China continental.