Infanta Cristina.
Reuters
PALMA DE MALLORCA.- La infanta Cristina, la menor de las hijas del Rey de España, deberá declarar este sábado ante el juez instructor José Castro, que la imputó por delitos fiscales y blanqueo. El hecho constituye un evento inédito para la monarquía española, que ya se ha visto debilitada por los escándalos.
Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato oficial de su padre, Cristina, de 48 años, será interrogada por el magistrado de un juzgado de Palma de Mallorca, en las islas Baleares.
El juez instructor debe averiguar si pudo cooperar con su marido, el ex medallista olímpico de balonmano Iñaki Urdangarín, imputado el 29 de diciembre de 2011 por presunto desvío, junto a un ex socio, 6,1 millones de euros de dinero público.
Hasta el último minuto antes de su comparecencia, prevista a las 10 de la mañana, persistirá una incógnita: ¿decidirá la infanta recorrer a pie, como cualquier imputado, o en automóvil, como aconseja la policía, la rampa adoquinada de una decena de metros que lleva a la entrada del tribunal?
Abajo la esperarán cámaras de televisión de todo el mundo y muchos de los 300 periodistas que se acreditaron para un acontecimiento inédito en la historia de España.
Es el mismo camino que ya recorrió en dos ocasiones a pie, desde febrero de 2012, su esposo, antes de que la investigación se cerrara en torno a la infanta Cristina.
Un golpe a la imagen Real
Tras meses de trabajo, el juez fundamentó la imputación de la Infanta en un detallado auto de 227 páginas que cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.
A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.
El deterioro de su imagen se inició hace dos años con el "caso Urdangarín" y se agravó con una costosa escapada real a Botsuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.
Hasta el punto de que actualmente ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.
La Casa Real, empantanada en el escándalo, quiere acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".
Tras haber preparado minuciosamente su defensa con sus abogados de Barcelona, la hija del rey llegará la mañana de este sábado a la isla, donde ya está lista la sala donde declarará.
Flanqueada por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, y por los abogados de las distintas partes personadas, el juez Castro debería someter a la infanta a un interrogatorio exhaustivo.
"Cuando las aguas se tranquilicen y con perspectiva, yo estoy convencido de que la mayoría de los españoles verá con claridad que la infanta ha sido y es inocente", declaró el viernes Jesús Silva, uno sus abogados.
"El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa (ya que), era la primera vez que un miembro de la familia real tenía que dar cuentas ante la justicia", explicaba Ana Romero, corresponsal del diario El Mundo en la Casa Real.
En la primavera de 2013, el fiscal había logrado que se anulara una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias.
Un detallado inventario de gastos
El juez se orientó entonces hacia unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría cometido a través de Aizoon, una sociedad que detenta al 50% con su esposo, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado por éste último.
La contabilidad de Aizoon puso al descubierto, desde 2004, gastos para la renovación del palacete familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un auto lleno de referencias a facturas sospechosas, descritas a veces con cierta ironía como "un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (...) se antoja harto difícil que pueda ser satisfactoriamente explicada".
"Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarín difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", concluía el juez Castro.
Para el fiscal, en cambio, "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", a partir del cual se considera delito en España.
La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces si el "caso Noos", por el nombre de la sociedad sin afán de lucro que Urdangarín presidió entre 2004 y 2006, desemboca en juicio oral o no.
