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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:31
WASHINGTON.- Este lunes, Estados Unidos calificó de "falsas y sin sustento" las acusaciones de Venezuela de colaborar con las protestas antigubernamentales en ese país, que motivaron la expulsión de tres funcionarios de la embajada de Washington en Caracas.
"Las acusaciones de que Estados Unidos ayuda a organizar las manifestaciones en Venezuela son falsas y sin sustento", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien agregó que el gobierno no recibió ninguna notificación formal de la expulsión de los tres diplomáticos.
El canciller venezolano, Elías Jaua, denunció este lunes injerencia del gobierno de Estados Unidos en las protestas estudiantiles de los últimos días y reveló los nombres de los tres funcionarios de la embajada en Venezuela, a quienes dio 48 horas para abandonar el país.
Se trata de Breean Marie Mc Cusker, segunda secretaria ejerciendo funciones de vicecónsul en Venezuela; Jeffrey Gordon Elsen, segundo secretario de la embajada que también ejerce funciones de vicecónsul; y Kristopher Lee Clark, segundo secretario.
El domingo, el presidente venezolano Nicolás Maduro había anunciado la expulsión, sin identificarlos, de los tres funcionarios consulares: "¡Qué se vayan a conspirar a Washington!", había dicho el mandatario en cadena nacional.
A fines de septiembre, Maduro ordenó la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses, entre ellos la encargada de negocios Kelly Keiderling, a los que acusó de conspirar con la oposición.
Estados Unidos y Venezuela carecen de embajadores desde 2010.
"Apoyamos los derechos humanos y las libertades fundamentales -incluida la libertad de expresión y el derecho de reunión- en Venezuela y en todos los países del mundo. Pero como hemos dicho siempre, le corresponde al pueblo venezolano decidir el futuro político de Venezuela", dijo Psaki.
En los últimos 13 días los estudiantes venezolanos han protestado por las calles de Caracas y otras ciudades del país por la creciente crisis económica y la violencia, así como por la detención de jóvenes.
El gobierno acusó de la violencia a "grupos de ultraderecha infiltrados" con el fin de provocar "un golpe de Estado", y responsabilizó de las muertes al dirigente opositor Leopoldo López.
