Colombia destituye a 7 militares por asesinato

BOGOTÁ.- Siete miembros del ejército colombiano, entre ellos un teniente coronel, fueron destituidos por la Procuraduría General por el asesinato de dos hombres a los que falsamente hicieron pasar como delincuentes muertos en combate, en una de las mayores purgas en las filas castrenses en tiempos recientes.

La decisión afectó al teniente coronel Wilson Javier Castro, al teniente Eduar Antonio Villany, al sargento Jesús Eduardo Ñiámpira y a cuatro soldados profesionales, dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa difundido el viernes.

Los siete uniformados formaban parte de un batallón de infantería con sede en el municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander y a unos 192 kilómetros al norte de Bogotá.

Las víctimas, Eduardo Garzón y Andrés Pesca Olaya, "fueron trasladadas con engaños desde Soacha (en el departamento de Cundinamarca) a Santander y fueron puestas a disposición de algunos uniformados que les causaron la muerte y procedieron a reportar el hipotético combate, fundándose en el montaje que ya tenían preparado con los informes de inteligencia y manipulación de otros documentos oficiales", explicó la Procuraduría.

Los dos hombres fueron sacados de Soacha con inexistentes promesas de trabajo y, según el reporte oficial, "se estableció entonces que se manipularon documentos oficiales (por parte de los militares) para dar un carácter legal al homicidio de dos personas protegidas por la normatividad interna e internacional".

En Colombia, la Procuraduría investiga a casi todos los funcionarios públicos y sus sanciones pueden llegar hasta la destitución.

Por el asesinato de Garzón y Pesca, ocurrido en julio de 2011, un juzgado del noreste del país condenó al teniente coronel Castro a 54 años de cárcel y a 55 años a Villany y Ñiámpira.

A mediados de 2008 medios locales denunciaron que 11 hombres de Soacha, una empobrecida localidad ubicada al sur de Bogotá, estaban desaparecidos y que al parecer habían sido reclutados por militares y llevados al noreste de Colombia donde habrían sido asesinados.

Tiempo después se estableció que los 11 hombres habían sido muertos por militares para mostrar una aparente contundencia en las operaciones contra los grupos al margen de la ley.

El 29 de octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos tres generales- porque por acción u omisión habían permitido el asesinato de los 11 hombres de Soacha.

Entre esos 27 militares figuraron el teniente coronel Castro, el teniente Villany y el sargento Ñiámpira.

A partir de ese momento la Fiscalía General comenzó una vasta investigación que da cuenta de más 3.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de militares. Varios cientos de uniformados, muchos de ellos ya condenados, se encuentran procesados por estos hechos conocidos como "falsos positivos".

Por los asesinatos de los 11 civiles de Soacha al menos 54 militares se encuentran vinculados a procesos penales. Muchos de ellos gozan de libertad provisional hasta tanto la justicia decida si son culpables o inocentes.