María Corina Machado durante las protestas en Venezuela el pasado febrero.
Reuters
CARACAS.- La investigación judicial a una destacada diputada antichavista aumentó la presión sobre la oposición radical de Venezuela, que ya tiene a uno de sus líderes encarcelado acusado de instigar la violencia en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
La mayoría oficialista del Legislativo venezolano solicitó la noche del martes indagar a María Corina Machado por "instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio" durante las protestas en Venezuela.
Entretanto, la contestación al Gobierno, que se inició hace cinco semanas en San Cristóbal (oeste) y se extendió a otras ciudades, ha amainado en los últimos días, transformándose en pequeños focos de protestas.
Los abogados de Machado reaccionaron denunciando este miércoles ante la Fiscalía General las "grabaciones ilícitas" de conversaciones telefónicas que presentó la bancada chavista como prueba para solicitar la investigación a la diputada.
Si la Fiscalía decide abrir una investigación a Machado tiene que comunicarlo al Tribunal Supremo de Justicia, que contará con 30 días para resolver si la enjuiciará, pues cuenta con inmunidad parlamentaria, explicó uno de los abogados de la legisladora, José Amalio Graterol.
El martes por la noche, en una sesión inusualmente fugaz, la mayoría chavista de la Asamblea votó pedir la investigación después de mostrar audios, videos y documentos que involucrarían a Machado en la violencia que vive Venezuela desde el pasado 04 de febrero.
Sus reacciones
"Si creen que amenazándome y 'allanando' mi inmunidad me van a callar, no me conocen", respondió por Twitter Machado, que este miércoles viajó a Washington, donde el viernes tiene previsto tomar la palabra ante el Consejo Permanente de la OEA a solicitud de Panamá.
Machado, una ingeniera de 46 años que fue precandidata presidencial de la oposición para las elecciones de octubre de 2012, es impulsora de "La Salida", como se llama a la táctica de realizar protestas callejeras para forzar el fin del gobierno de Maduro.
Otro de los promotores es Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, también acusado por el gobierno de incitar a la violencia y encarcelado desde hace un mes en una prisión militar a la espera de que se determine si hay elementos para juzgarlo.
Carlos Vecchio, otro dirigente de Voluntad Popular, está prófugo de la justicia tras ser señalado igualmente como instigador de la violencia.
