Selva en Formosa
Archivo El Mercurio
BUENOS AIRES.- El Gobierno de la provincia argentina de Formosa, fronteriza con Paraguay, impulsa un polémico proyecto para instalar una planta nuclear, iniciativa rechazada por la oposición, confirmaron hoy fuentes parlamentarias.
Según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal argentino remitido a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, la planta procesadora de uranio de Dioxitek estará a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa, a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires y a 164 kilómetros de Asunción.
La presentación formal en la norteña provincia se hará en la noche de hoy con la presencia de directivos de la firma Dioxitek y de autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina.
Según el informe oficial del Gobierno argentino, la planta "involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno" y "no producirá residuos líquidos ni gaseosos".
Sin embargo, como Dioxitek procesa mineral de uranio y lo convierte en dióxido de uranio, la iniciativa cosechó el rechazo tanto de los formoseños como de pobladores de Paraguay.
El senador nacional por la opositora Unión Cívica Radical (UCR) Luis Naidenoff aseguró que "no se puede comprometer el futuro y el presente de la provincia de Formosa".
"Rechazamos la instalación y vamos a dar la batalla en el plano de la concienciación social y discutir esto en audiencias, pero si el gobernador es respetuoso de la decisión del pueblo tiene que llamar a una consulta popular", sentenció el legislador.
La planta de Dioxitek se encontraba en la provincia central de Córdoba (a unos 800 kilómetros de la capital argentina) pero fue clausurada por la CNEA y se decidió su traslado "como consecuencia de incumplimiento de normas de carácter municipal y dos accidentes que han tenido", apuntó Naidenoff.
"La pregunta que nos hacemos es, si la instalación fue rechazada en otros cinco lugares, por qué sí en Formosa. El Gobierno no puede responderlo", sostuvo el parlamentario.
"Si fue rechazado en cada uno de los municipios es porque estamos ante una planta de un riesgo concreto y potencial con pasivos ambientales", insistió el legislador nacional.
La polémica planta de Córdoba es propiedad en un 99 por ciento del Estado argentino y, hasta su clausura, se dedicaba a obtener combustibles a través del dióxido de uranio para ser utilizados por las centrales argentinas de energía Atucha y Embalse.
