Fiscal venezolana defiende actuación del Estado ante protestas

CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Estado se vio obligado a actuar para contener las protestas contra el gobierno, que en cinco semanas han dejado 31 muertos y cientos de heridos.

La funcionaria señaló que debido a la intolerancia, la agresividad y la irracionalidad de las protestas el Estado se vio obligado a intervenir para restablecer el orden.

Organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos han denunciado excesos de las fuerzas del orden en las tareas de represión de las manifestaciones y alertaron sobre la actuación de grupos civiles afines al gobierno.

Ortega alegó que el Estado debía garantizar el derecho de todos los ciudadanos de circular en las calles, el cual se vio afectado por las protestas con barricadas.

Además, aseguró que el Estado garantiza los derechos a la vida, a la salud, al libre tránsito, a la integridad física, a la educación y al trabajo.

"El Estado ha tenido que actuar, todo derecho tiene un límite y tiene que estar regulado, ningún derecho es absoluto. La Constitución dice que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho del otro y hay que respetar ese otro derecho", dijo en una programa semanal de radio.

La fiscal afirmó que la acción del Estado también está limitada por el respeto a los Derechos Humanos de los detenidos en las protestas.

Ortega reiteró que en las protestas han muerto 31 personas, seis de ellas policías y soldados, además de casi 500 heridos.

Alcaldes detenidos

Después de unos días de tensa calma, las protestas recrudecieron el jueves después de que fueran detenidos dos alcaldes opositores y el presidente Nicolás Maduro amenazara con encarcelar a un tercero.

Maduro advirtió al alcalde del municipio de Chacao, en el este de Caracas, Ramón Muchacho, que podría ser detenido por instigar las protestas con el fin de derrocar al gobierno.

El gobernante advirtió que Muchacho podría terminar en el penal militar de Ramo Verde, en la ciudad vecina de Los Teques, donde fueron encarcelados los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y de San Diego, Enzo Scarano, acusados de negarse a contener las protestas en las calles.