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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:28
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes revisar la constitucionalidad de los programas de espionaje telefónico de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), por segunda vez desde que fueron expuestos públicamente por el ex analista de la CIA Edward Snowden.
La petición a la instancia fue realizada por Larry Klayman y Charles Strange, los activistas conservadores que consiguieron que en diciembre un juez federal dictaminara que el programa de espionaje telefónico del organismo era "casi seguramente" inconstitucional.
En concreto, en este caso, se examinó sólo uno de los programas revelados por Snowden, el que permite a la NSA recoger datos telefónicos de estadounidenses, el punto más vulnerable para la agencia de inteligencia, ya que su mandato es espiar en el extranjero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recurrió en enero esta decisión y, antes de que un tribunal de apelaciones se pronunciara al respecto, Klayman y Strange pidieron al Supremo que revisara el caso, algo que hoy el tribunal desestimó.
El Supremo, que no suele aceptar estos casos antes del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, incluyó esta solicitud en su lista de peticiones denegadas sin añadir más comentarios.
En noviembre, la instancia ya rechazó considerar el recurso de una organización no gubernamental contra el espionaje telefónico y en internet de la NSA, en el primer desafío ante la máxima instancia judicial de los programas de la agencia tras las filtraciones de Snowden.
Sin embargo, en febrero del año pasado, cuatro meses antes de la publicación de las revelaciones de Snowden, los jueces del alto tribunal estadounidenses sí aceptaron un caso referido al espionaje de la Agencia, pero no lo condenaron, al resolver que las acusaciones de daño eran demasiado especulativas.
En todo caso, semanas después del dictamen sobre la demanda presentada por Klayman y Strange, otro juez federal se pronunció en sentido contrario y consideró que el programa de recogida de registros telefónicos sí es constitucional.
