BOGOTÁ.- Los abogados del candidato a la Presidencia por el movimiento uribista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, presentaron hoy las supuestas pruebas de que el escándalo de espionaje que afecta a su campaña es un "montaje" y denunciaron al testigo protegido español Rafael Revert.
El abogado Jaime Granados acudió este jueves a la Fiscalía después de dos citas a las que no compareció y, según dijo, aclaró que entregó un informe pericial elaborado por expertos colombianos y de la firma internacional Adalid Corporation.
En ese estudio se analiza el video divulgado el fin de semana pasado por la revista Semana en el que aparecen Zuluaga y el pirata informático Andrés Sepúlveda, detenido hace semanas por espionaje ilegal y supuesto "sabotaje" al proceso de paz.
En ese documento, Sepúlveda revela que tiene acceso a material de inteligencia militar de Colombia y de Estados Unidos que se puede usar en internet para desprestigiar las negociaciones con las FARC en La Habana, que son el eje de la campaña del Presidente Juan Manuel Santos, principal rival electoral de Zuluaga.
Granados no aportó mayores detalles sobre las evidencias y afirmó que su cliente "no tiene que desvirtuar nada" porque "no es un indiciado, sino que es víctima" de "la gran conspiración para el montaje para atentar contra la democracia" cuando quedan pocos días para las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Pero el abogado de la firma Adalid, Andrés Guzmán, dijo en declaraciones a la emisora La F.M. que el equipo concluyó "que se trata de un video falso, en el que existe un evidente montaje de voz que empieza en el minuto 5 con 59 segundos; toda la voz de los intérpretes montada sobre el video de las personas que están".
El abogado de Zuluaga afirmó que aún está pendiente de recabar otras informaciones con las que pretende probar que la grabación fue realizada por Revert, quien había sido contratado por Sepúlveda para encargarse de la seguridad en internet durante la campaña del candidato uribista.
Revert declaró ante la Fiscalía que Sepúlveda comerciaba con información de inteligencia militar de hasta seis países latinoamericanos y que para prevenir que la ilegalidad de lo que sucedía en la oficina se volviera en su contra se animó a denunciar.
Pero Granados pidió que el ente investigador establezca si el testigo protegido español cometió delitos de falsedad en documento privado, interceptación de comunicaciones y perturbación de certamen democrático.