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Mantienen juicio en España contra ex agentes DINA pese a reforma que impediría procesarlos

Bajo la nueva disposición, los tribunales hispanos sólo podrían actuar en caso de genocidio si se dirige contra un español o un extranjero residente en ese país, sin embargo, se pueden argumentar casos de terrorismo cuando la víctima fuera española.

23 de Mayo de 2014 | 13:56 | AFP
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Manuel Contreras es uno de los ex agentes procesados en España.

EFE

MADRID.- La justicia española decidió este viernes mantener el procesamiento de siete ex agentes de la DINA por la muerte de un diplomático español durante la dictadura chilena, pese a una polémica reforma de la aplicación de la justicia universal.


El magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Pablo Ruz, acordó seguir con el caso porque lo que se investiga es un caso de terrorismo, lo que según afirma impide su archivo, dado que "concurren los supuestos necesarios para afirmar la competencia de la justicia española".


Ruz decidió mantener el caso pese a la reciente reforma restrictiva de la jurisdicción universal en España, según la cual, en caso de genocidio, los tribunales españoles sólo podrán actuar cuando la acción se dirija "contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España".


En cambio, los jueces españoles serán competentes en los casos de "terrorismo" cuando "la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos".


"En algunos supuestos pudiera ser que la ley sea inconstitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas", afirmó a la AFP, Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.


Ruz mantiene así procesados al ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y a otros seis altos cargos del organismo por la muerte de Carmelo Soria, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina.


Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 cuando se dirigía a su residencia en Santiago de Chile y, según datos registrados por Ruz, "fue torturado" por agentes de la DINA que después "acabaron con su vida (...) mediante estrangulamiento".


El magistrado ya había decidido también en abril mantener abierto un caso por torturas en Guantánamo alegando "las obligaciones contraídas por España en virtud de tratados internacionales".

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