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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:24
Sigue el conflicto en torno a la planta de celulosa en Frey Bentos.
EFEMONTEVIDEO.- El Gobierno de Uruguay calificó este sábado como "infundada" la decisión de Argentina de volver a recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en medio de la nueva polémica fronteriza desatada por el aumento en la producción de una planta de celulosa sobre el río del mismo nombre.
El conflicto se relaciona con las operaciones de una instalación productora de la empresa finlandesa UPM -la antigua Botnia-.
Según Montevideo, la decisión argentina de recurrir a La Haya "además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales", señaló una misiva firmada por el canciller Luis Almagro.
La carta expresa la intención de seguir negociando, pero advierte que en el marco del derecho y las instancias multilaterales y regionales, "Uruguay estará dispuesto de todas formas a probar su razón, como ya lo hizo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tribunal Arbitral del Mercosur".
El viernes, el gobierno argentino consideró un "gesto inamistoso" de su vecino la autorización de aumentar la producción de la planta en 100.000 toneladas, y aseveró que "revalúa" la relación entre ambas naciones al tiempo que volverá a plantear el tema ante la CIJ.
En 2011, UPM solicitó un permiso para aumentar la producción de 1,1 millones de toneladas anuales a 1,3 millones. En octubre del año pasado, el Gobierno de José Mujica autorizó la fabricación de 1,2 millones de celulosa en "carácter provisorio, revocable".
Asimismo, en la noche del jueves la empresa finlandesa anunció que "fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011", precisó el Ejecutivo de ese país.
La planta funciona desde 2007 a orillas del río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, limítrofe con Argentina. Desde su construcción ha sido objeto de duras controversias entre ambos países, mientras organizaciones ambientalistas sostienen que sus actividades contaminan el cauce compartido.
