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Más de 100.000 ciudadanos de Camboya sin papeles abandonan Tailandia tras el golpe militar

El éxodo se ha disparado en los últimos días ante los rumores de que la junta que rige Tailandia está preparando un dispositivo nacional contra las empresas que utilizan mano de obra ilegal.

15 de Junio de 2014 | 06:14 | EFE

BANGKOK.- Más de 100.000 inmigrantes ilegales camboyanos han huido de Tailandia o han sido deportados por la junta militar tras el golpe de estado perpetrado por el Ejército tailandés el 22 de mayo pasado, informó hoy la Oficina Internacional para la Migración (IOM) en Asia y el Pacífico.


El éxodo se ha disparado en los últimos días ante los rumores de que la junta militar que rige Tailandia está preparando un dispositivo nacional contra las empresas que utilizan mano de obra ilegal, aunque el Gobierno lo ha negado.


Según el testimonio de varios afectados, las empresas en Tailandia han instado a regresar temporalmente a Camboya a los trabajadores sin papeles después de que la junta militar anunciara sanciones de 10.000 bat (308 dólares o 228 euros) por cada inmigrante ilegal empleado y el arresto del trabajador.


La mayoría de los inmigrantes se concentran en campamentos improvisados en la localidad fronteriza de Poipet, donde no ha cesado desde hace una semana la llegada camiones cargados de personas y autobuses abarrotados.


La Oficina Internacional para la Migración (IOM) ha alertado sobre la posible escasez de agua y comida y la carencia de asistencia humanitaria.


Entre 100.000 y 250.000 camboyanos indocumentados trabajan en Tailandia, según el Gobierno camboyano que asegura que se ha puesto en contacto con las autoridades de Bangkok para evitar castigos contra estos inmigrantes.


Miles de inmigrantes ilegales, la mayoría procedentes de Birmania (Myanmar) y Camboya, son empleados en Tailandia en la construcción, la agricultura o el sector pesquero y de procesados de pescado y marisco, entre otros, donde a menudo están expuestos a abusos y explotación.


La junta militar de Tailandia fue el único Gobierno que se opuso a la aprobación ayer en Ginebra del nuevo protocolo vinculante de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU en contra del trabajo forzoso.

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