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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:04
BUENOS AIRES.- La oposición en Argentina pidió hoy que el vicepresidente, Amado Boudou, renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación en la Justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de "cohecho y negociaciones incompatibles" con su cargo.
La defensa del vicepresidente, por su parte, confirmó que en los próximos días apelará la medida judicial, a la que consideró "un cuento de hadas contado de forma fantástica para que los medios (de prensa) lo puedan reproducir".
La gran mayoría de los dirigentes opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner coincidió en la necesidad de que Boudou abandone su cargo, aunque no acordaron el modo en el que debería hacerlo: si por medio de una renuncia, un pedido de licencia o el inicio de un proceso de juicio político en el Congreso.
"Es insostenible la continuidad de Boudou en el cargo. Su procesamiento por un delito de corrupción es un hecho gravísimo que altera el normal funcionamiento de las instituciones del país y requiere una resolución contundente", expresó el diputado nacional Adrián Pérez, del bloque legislativo Frente Renovador.
En un sentido similar se manifestó el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, al decir que Boudou "tiene que dar un paso al costado" y "pedir licencia hasta que la Justicia resuelva definitivamente".
La presidenta "debe exigirle" la "renuncia" de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el "juicio político" del vicepresidente para lograr "su destitución", sostuvo la diputada nacional Margarita Stolbizer, del partido GEN.
A más de medio día de la resolución judicial, la mandataria argentina, y sus principales funcionarios, todavía no se habían pronunciado públicamente sobre el tema.
En la noche del viernes, el juez Ariel Lijo decidió procesar a Boudou, aunque sin prisión preventiva, por los delitos de "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles".
El juez consideró en su resolución que Boudou, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y, luego, contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después.
La decisión de magistrado convirtió a Boudou, que se encuentra en una gira oficial por Cuba, en el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. En su dictamen, el juez dispuso, además, el embargo sobre los bienes del vicepresidente por 200.000 pesos (unos 24.600 dólares).
Junto con el vicepresidente fueron procesados otros cinco imputados en la causa: su amigo José María Núñez Carmona, el empresario y supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele, el ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner, el dueño de la imprenta Nicolás Ciccone y el yerno de Héctor Ciccone (uno de los fundadores de la empresa), Guillermo Reinwick.
El 9 de junio, cuando declaró ante la Justicia, Boudou había asegurado que no cometió "ningún acto de corrupción" y que las acusaciones en su contra son una "falacia" y una "patraña".
En el fallo del magistrado, que fue difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), se destaca que Boudou no habría recibido dinero por la operación investigada sino "el 70 por ciento de la firma Ciccone Calcográfica".
El juez también dio por "acreditado el vínculo" que uniría a Boudou con Vandenbroele, al opinar que "son sólidos y numerosos" los datos que a su criterio lo prueban.
Los delitos de "cohecho" y "negociaciones incompatibles" tienen, cada uno, una pena de uno a seis años de prisión, según el Código Penal argentino.
Por su parte, los abogados del vicepresidente argentino, Eduardo Durañona y Diego Pirota, confirmaron hoy que apelarán la medida del juez durante la próxima semana porque, a criterio de ambos, "no ha fundado su decisión en pruebas de la causa, sino que sólo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos".
"Se han tergiversado pruebas y testimonios, así como inventando circunstancias que no existen en las constancias de la causa penal", dijeron en un comunicado difundido a la prensa y en declaraciones a la radio América, de Buenos Aires.
Un planteo similar expuso Maximiliano Rusconi, abogado de Nicolás Ciccone, al decir que el procesamiento de su cliente "es un escándalo procesal pocas veces visto" y hasta lo consideró "una nueva forma de tortura".
