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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:36
SANTIAGO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que en Argentina "el clima de libertad de prensa sigue siendo adverso", porque "se mantienen los ataques oficiales y paraoficiales contra quienes ejercen la crítica".
Asimismo, denuncia "el abuso en el reparto de la publicidad oficial, la falta de acceso a la información pública y la discrecionalidad regulatoria y administrativa", según el informe elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para ser discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile.
Como positivo, el informe menciona la salida del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, "uno de los más agresivos impulsores de la campaña para controlar la producción y distribución de papel para diarios, y del boicot publicitario de anunciantes privados".
La SIP también se congratula por la aprobación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reduce las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado para los medios gráficos, así como la extensión de un régimen ya existente de canje de deudas por publicidad oficial.
"Ambas medidas mejoran las deterioradas ecuaciones económicas de los medios", considera la SIP.
Por otra parte, "la estigmatización y el señalamiento desde el Estado a determinados medios por informar sobre cuestiones incómodas para el poder sigue siendo práctica habitual", asegura esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano.
"La presidenta Cristina Fernández y funcionarios de alta jerarquía, como el jefe de Gabinete (Jorge Capitanich), constantemente sugieren que algunos medios, junto a otros sectores de la sociedad, urden maniobras desestabilizadoras", afirma la SIP, según la cual, se trata de acusaciones que entrañan riesgos para la integridad física de los periodistas.
"El escrache es otra de las herramientas usadas para perseguir la disidencia y ha llegado al punto de que la organización oficialista La Cámpora, con fondos que se presumen públicos, financiara ediciones apócrifas de medios como Clarín, para atacar al propio diario y a dirigentes políticos opositores", señala el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que "subsiste una marginación informativa contra algunos medios, si bien se atenuó durante este año".
"Salvo contadas excepciones y con formatos restrictivos, la presidenta (Cristina Fernández) sigue esquivando las conferencias de prensa abiertas", señala el informe de la SIP sobre Argentina.
"En una videoconferencia, realizada junto con su par ruso, Vladimir Putin, afirmó que es necesario 'tener acceso directo a la información sin intermediarios que nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente'".
La SIP también denuncia que "aunque algunos medios excluidos en la distribución de pauta oficial hoy reciben un porcentaje de ésta, los niveles de discrecionalidad en su adjudicación y la desproporción respecto a cualquier base objetiva siguen siendo muy altos".
"Más de 600 millones de dólares se destinan a la política oficial comunicacional del Gobierno", asegura el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, y agrega que "la pauta oficial, que en la primera mitad del año superó en un 60 % a la de 2013, continúa favoreciendo a los medios menos críticos".
A cinco años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP constata "sugestivas indefiniciones y demoras en su aplicación".
"En todo este tiempo no hubo un tratamiento igualitario a las empresas que deben adecuarse a lo establecido por la norma", señala este informe, que indica que "a principios de octubre la autoridad de aplicación rechazó el plan de adecuación voluntaria a la ley del Grupo Clarín, iniciando una transferencia de oficio de los medios audiovisuales que lo integran".
La SIP también expresa su repulsa por "la agresión de custodios del vicepresidente Amado Boudou a Carolina Ponce de León, quien terminó con dos costillas fracturadas, y el intento de aplicación de la ley antiterrorista a Juan Pablo Suárez, dos casos preocupantes dentro de una larga lista de ataques e intimidaciones contra periodistas", afirma.
