Instituto de Defensa Legal insiste en que no hay razones para revisar sentencia de Fujimori

LIMA.- Uno de los abogados de la parte civil en el proceso contra el encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori insistió hoy en que no hay razones para reconsiderar la sentencia aplicada al ex mandatario, caso que será visto mañana por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

"No hay amparo ni fundamento real y objetivo sobre lo que está pidiendo (Fujimori). Están inventando acciones legales para mantener en escena pública al ex presidente", dijo Carlos Rivera, de la ONG Instituto de Defensa Legal.

"Consideramos que (la defensa) no está aportando lo que la ley procesal penal exige (una nueva prueba). Esa es nuestra posición y esa debería ser también la de la Corte Suprema", agregó.

La Sala, presidida por Javier Villa Stein, controvertido juez que ha expresado públicas simpatías con el fujimorismo, escuchará mañana a las partes en una audiencia pública, en el marco de una acción planteada por el abogado del reo, William Paco Castillo.

Castillo se basa en que en 2009 una sentencia judicial consideró como autores mediatos de la matanza de 15 personas en el caso conocido como Barrios Altos a otras personas, sin mencionar a su patrocinado, al que se le aplicó después la misma figura.

Según el jurista, eso implica una contradicción que debe anular la sentencia a 25 años de cárcel que se le aplicó a Fujimori, la que incluye también los asesinatos de un profesor y nueve estudiantes universitarios y el secuestro agravado de un periodista y un empresario.

Rivera y otros abogados de los deudos de matanzas perpetradas en el gobierno de Fujimori (1990-2000) temen alguna maniobra de Villa Stein, quien se negó a abstenerse de ver el caso pese a los pedidos de organismos de derechos humanos por sus comentarios previos.

Fujimori, de 76 años y preso desde 2007, también ha pedido oficialmente a la Justicia que se le dé arresto domiciliario, lo que también está en estudio. El ex gobernante, declarado culpable además de varios casos de corrupción, paga su pena en un departamento dentro de un cuartel de la Policía en Lima.