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Santiago: Sábado 31 de agosto del 2024 | Actualizado 20:01
BOGOTA.- Hace 25 años, Colombia se estremecía con otro atentado del capo del narcotráfico Pablo Escobar en su guerra contra el Estado: la explosión de un Boeing 727 en vuelo entre Bogotá y Cali, un hecho sobre el cual las familias de 107 víctimas aún reclaman justicia.
"Es como si hubiera pasado sólo un día desde que ocurrió el crimen porque no tenemos ningún avance", afirmó a la AFP Gonzalo Rojas, de 35 años, quien perdió a su padre con la explosión de la bomba, poco después de despegar el avión.
La aeronave cayó a las 07:13 horas del 27 de noviembre de 1989 cerca de Soacha, una ciudad vecina a la capital colombiana, en un descampado donde quedaron desperdigados entre la vegetación los cuerpos desmembrados, pedazos del fuselaje con los colores de la aerolínea y espuma de las sillas con miles de cables alrededor.
"Uno perdona cuando conoce cuál es el victimario. Está claro que fue Pablo Escobar y hubo participación de Fidel Castaño (también narcotraficante y fundador de grupos paramilitares de derecha), pero alrededor hubo una estructura", agregó Rojas, un politólogo que creó hace cinco años la fundación Colombia con Memoria, que agrupa a los familiares de quienes fallecieron en el atentado.
El ataque estaba dirigido contra César Gaviria, (elegido después presidente para el periodo 1990-94), quien había sucedido como candidato del gobernante partido Liberal a Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989 por orden de Escobar, debido a su cruzada contra el tráfico de drogas.
Gaviria planeaba tomar ese vuelo 203 de Avianca pero desistió a última hora, según relató a la justicia el jefe de sicarios del capo, Jhon Jairo Velásquez (alias Popeye), que purgó 22 años de prisión tras confesar más de 300 asesinatos y quedó en libertad condicional desde agosto pasado.
Dandenys Muños (Alias La Quica), otro de los asesinos a sueldo del capo, paga por este hecho varias cadenas perpetuas en Estados Unidos, donde fue capturado en 1991.
Un tercer involucrado, Carlos Mario Alzate (El Arete), jefe militar del Cartel de Medellín - que agrupaba a Escobar y sus socios-, estuvo preso de 1993 a 2001 luego de cumplir parte de una sentencia de 20 años de cárcel por el derribo del avión y otros atentados.
Todos los atentados fueron ordenados por Escobar que hasta ser abatido en 1993 fue el criminal más buscado y uno de los más ricos del mundo.
"Los victimarios son bastantes y quisiéramos llegar a la verdad para perdonar", insistió Rojas. "Algunas de las entidades encargadas de la seguridad, permeadas por el Cartel de Medellín, tuvieron que haber tenido alguna participación", agregó.
Reparación a familiares de víctimas
Este acto terrorista fue declarado delito de lesa humanidad en 2009 por la Fiscalía, con lo cual se volvió imprescriptible. Los expedientes que involucraban a miembros del Cartel de Medellín fueron agrupados en un solo proceso, cuya investigación "se encuentra en etapa preliminar", precisó a la AFP una fuente judicial.
"El paso del tiempo hizo mucho daño, los casos pasaron por muchos fiscales y ahora estamos hablando de 450 cuadernos con más de 300 hojas cada uno", añadió.
Según Rojas, esta decisión "fue buena porque no precluyó la investigación, pero mala porque no hay un límite. Nos están dando largas".
Hasta septiembre de 2014, 166 personas -entre los cuales hay víctimas directas e indirectas-, han sido reconocidas por el Estado colombiano a través de la Unidad de Víctimas.
Esa entidad fue creada en 2011 para reparar económicamente y dar atención psicológica a los afectados por el conflicto armado colombiano, que en los últimos 50 años ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes.
Para considerar a los ocupantes del avión como víctimas del conflicto, la Unidad tuvo en cuenta la alianza para perpetrar el atentado entre Escobar y sus sicarios con otros narcotraficantes que financiaban y propiciaban milicias de extrema derecha.
Paula Gaviria, directora de la Unidad, explicó a la AFP que, para los casos de homicidio, que aplican en esta situación, el monto de la reparación es de "24 millones de pesos (unos 11.000 dólares) que se dividen entre el o la cónyuge y los hijos".
