AFP
LA PAZ.- El gobierno boliviano anunció este viernes que pedirá informes a los organismos internacionales correspondientes sobre cuál es el porcentaje de avance de Chile en el retiro de minas antipersonales sembradas en la frontera hace cuatro décadas.
El ministro boliviano de Defensa, Ruben Saavedra, declaró a los medios que a través de la Cancillería se solicitará esos informes "para exigir que las autoridades de Chile cumplan esa obligación no solamente con Bolivia, sino con toda la comunidad internacional".
Bolivia recordó que la Convención de Ottawa estableció para 2012 el plazo para la conclusión de la destrucción de las minas, aunque Chile pidió una ampliación hasta 2020.
"En el tema del desminado por parte de Chile en la frontera con Bolivia existe un avance escaso que no llega ni al 30 por ciento", dijo Saavedra, según la agencia estatal ABI.
Las minas fueron sembradas en el siglo pasado, durante episodios de tensión con Argentina, Bolivia y Perú.
Saavedra dijo que su país está preocupado por la presencia de las minas que provocan inseguridad en la región andina fronteriza, donde sus habitantes han perdido a sus animales o fueron víctimas.
Esta semana, en declaraciones al diario La Razón, Saavedra comentó que "existe escasa información pública por parte de Chile sobre el desminado", ya que la página web de la Comisión Nacional de Desminado de Chile contiene información de hace cuatro años.
Según informes de las autoridades nacionales brindados en 2010, Chile sembró 42 campos minados en la frontera con Bolivia durante los años 70, con un total de 22.988 minas antipersonales y 8.765 minas antitanques.
Ese año, esas autoridades reportaron que quedaban 16.997 minas antipersonales y 4.918 minas antitanques por levantar en la zona fronteriza bilateral.
El año pasado, Chile indicó que desde 2002 ha destruido unas 62.418 minas antipersonales y antitanques diseminadas en sus fronteras, equivalentes a un 35 % del total.
Bolivia y Chile están enfrentados por la demanda boliviana presentada el año pasado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para reclamar una salida soberana al Pacífico.
