BRASILIA.- El fiscal general de Brasil Rodrigo Janot estimó el martes que se debe sustituir el directorio de Petrobras, la firma estatal envuelta en un escándalo de pago de sobornos, lavado de dinero y corrupción.
"Frente a este escenario desastroso en la gestión de la compañía" se espera, "sin pagar previamente sus culpas, la eventual sustitución del directorio", dijo Janot en su discurso de apertura de la Conferencia Internacional de Combate a la Corrupción en Brasilia.
"Lo que la sociedad brasileña espera es la más completa y profunda investigación de los ilícitos perpetrados, con la sanción de todos los involucrados", siguió. La respuesta a "aquellos que asaltaron Petrobras será firme", zanjó.
El ministro de Justicia, Jose Eduardo Cardozo, también presente en la conferencia, aseguró que "hay fuertes indicios de corrupción" que impactaron la empresa, pero aseguró que no hay ninguna razón objetiva para que los actuales directores, incluida su presidenta Graça Foster, deban dejar el cargo.
"Nuestra tarea es exactamente, investigar, sancionar, apartar de la empresa (a los malos funcionarios) para que ella pueda continuar su rumbo", indicó.
El escándalo destapado este año en Petrobras involucraría desvíos de cerca de 4.000 millones de dólares en una década, una cifra que se acerca al presupuesto anual de algunos países.
Integrantes de la red de corrupción, que cooperan con la justicia para reducir sus penas, han dicho que existía un "club" de empresas que se rotaban contratos con Petrobras a cambio de sobornos, entre ellos el propio exdirector de Abastecimiento de la estatal, Paulo Roberto Costa.
Pagaban un sobreprecio que era destinado a políticos e intermediarios a cambio de adjudicarse las obras. En este esquema han sido involucrados algunos militantes y directivos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y aliados, quienes han rechazado esas acusaciones.
Hasta ahora, 25 personas están detenidas y otras 11 cumplen prisión preventiva.
Cardozo recordó además que Petrobras ya ha dicho que creará una dirección que garantizará el cumplimiento de las leyes y evite que se repitan casos de corrupción.