Juez español indaga fraude en juicio por muerte de jesuitas en El Salvador en 1989

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco consultó al Tribunal Supremo de España si el juicio celebrado en El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 fue un fraude, en vista de los numerosos indicios que apuntan a ello.

El magistrado elevó a la segunda sala del Supremo una exposición razonada, conocida este martes, en la que detalla una serie de argumentos que avalarían que el juicio celebrado en el país centroamericano fue fraudulento e incompleto.

El juez Velasco instruye este caso en virtud del principio de justicia universal, que establece que sólo puede hacerlo si la justicia del país donde se cometieron los hechos no lo ha juzgado correctamente.

Es por eso que se dirige al Supremo español, de manera que este tribunal debe ahora pronunciarse respecto a lo que le plantea el juez y para decidir, en consecuencia, si puede seguir con el procedimiento.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de la capital y mató a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno salvadoreño.

La justicia salvadoreña celebró un juicio por estos hechos cometidos por miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, "ATLACATL", en ejecución, dice Velasco, "de un plan preconcebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores".

El juez español apunta que, tras las diligencias practicadas, aparecen veinte personas como responsables de los hechos, entre ellos el ex ministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador René Emilio Ponce y otros militares de alto rango en el momento del asesinato.

Según el magistrado, el juicio en ese país fue un fraude porque estuvo "tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia".

Apunta una serie de razones por las que considera que fue así, entre ellas que los miembros del jurado, que no realizaron ninguna pregunta durante la vista, declararon haber sido amenazados.

También explica que se destruyeron pruebas "clave" como los libros de registro militares de esos días, se obstaculizó la labor del juez porque los testigos militares no acudían a las citaciones, así como el trabajo de los fiscales del caso, que finalmente renunciaron ante las presiones del fiscal general ordenándoles "no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa" y prohibiéndoles interrogar a testigos militares importantes.

Otros argumentos para respaldar que el juicio estuvo manipulado es que se denegaron todas las diligencias que pidieron las defensas de las víctimas, hubo una comisión de investigación que no interrogó a militares, "implicados evidentes" en los hechos, y las que sí se hicieron a miembros del Ejército no se pudieron contrastar por parte de observadores internacionales.