JERUSALÉN.- El Gobierno israelí tiene la intención de denunciar a los principales líderes palestinos por crímenes de guerra y terrorismo ante tribunales extranjeros e internacionales, si Palestina inicia procesos similares contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), informa hoy el diario Yediot Aharonot.
"Podemos presentar las demandas respaldadas con pruebas, documentación y testimonios mañana mismo por la mañana", dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia en declaraciones al diario.
La iniciativa israelí responde a la decisión hace unos días del presidente palestino, Mahmud Abás, de pedir la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma que regula la actividad del CPI, tras fracasar una petición al Consejo de Seguridad para obligar a Israel a poner fin a la ocupación en 2017.
Ello puede abrir el camino a la presentación por los palestinos de incontables denuncias contra gobernantes y altos mandos israelíes por violación de derechos humanos y crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió el jueves de que en ese caso quien debe estar preocupado es Abás, por haber formado gobierno con una organización como Hamás, tipificada como terrorista en varios países.
Según el medio, tanto la Fiscalía Militar como el Ministerio de Defensa de Israel están preparados con el material incriminador por el asesinato de cientos de israelíes en atentados perpetrados por palestinos de Cisjordania y Gaza.
Israel ha pedido a la comunidad internacional que no acepte la adhesión de Palestina con el argumento de que no es un Estado y de que está aliada políticamente con Hamás.
El jueves, en una reunión con sus principales asesores políticos y jurídicos, Netanyahu adoptó la primeras medidas de castigo contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por las peticiones de adhesión a una veintena de tratados internacionales firmadas por Abás un día antes.
Entre ellas destaca la congelación de las transferencias mensuales del dinero que este país recoge para la ANP en impuestos y tasas de aduanas, en este momento a unos 500 millones de shékels (unos 106 millones de euros o 127 millones de dólares).
Los asesores advirtieron de que este dinero no puede ser congelado eternamente porque pertenece legalmente a los palestinos, y porque podría causar un daño mayor a Israel si los organismos de la ANP, entre ellos los de seguridad, dejan de funcionar.
El negociador jefe palestino, Saeb Erekat, expresó en ese sentido que "Israel responde una vez más a nuestros pasos legales con más castigos ilegales colectivos", según un comunicado.
"Israel recurre a la piratería contra el derecho internacional. El dinero no es caridad israelí al pueblo palestino, se están reservando un dinero que es nuestro legalmente", subrayó.
Otra medida que Israel estudia en caso de que los palestinos presenten demandas ante el CPI es la de apelar al Congreso de EEUU para que cese su ayuda anual de 400 millones de dólares a la ANP.
Los expertos coinciden en señalar que durante el año que acaba de entrar ambas partes librarán su conflicto en foros políticos e instancias judiciales internacionales, y que ello puede arrastrar la zona a una ola de violencia mucho mayor que la de 2014.
El año pasado fue el más violento desde la Segunda Intifada (2000-2005), con medio centenar de palestinos y una docena de israelíes muertos en Cisjordania e Israel.
A ellos hay que sumar los 2.200 palestinos y 70 israelíes que vieron truncadas sus vidas durante la guerra de Gaza el pasado verano.