LA PAZ.- El gobierno boliviano denunció ante la Fiscalía a medio centenar de jueces, fiscales y policías por enriquecimiento ilícito, al comprobar que sus patrimonios se multiplicaron injustificadamente en los últimos años, informó este viernes una fuente oficial.
La ministra boliviana de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, indicó en rueda de prensa que su departamento remitió al Ministerio Público declaraciones juradas de patrimonio de 50 cargos judiciales que trabajaban en casos de corrupción y narcotráfico.
Entre los casos más llamativos, la ministra destacó el de un juez de la región de Santa Cruz que cuando comenzó a ejercer declaró un patrimonio de 63.000 bolivianos (unos 9.000 dólares) y que ahora tiene más de un millón de bolivianos (unos 142.000 dólares), además de cinco vehículos y una casa.
También mencionó a un juez que en 2008 declaró no tener patrimonio y que en el 2014 tenía 787.800 bolivianos (unos 112.000 dólares).
Además, citó otros casos de policías de alto rango que acumularon numerosos bienes inmuebles, en algunos casos pagándolos en efectivo de una sola vez.
"La información analizada hace presumir la comisión" de los delitos de "enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas y omisión de declaraciones juradas de bienes y rentas", señala un comunicado de ese Ministerio.
Los funcionarios que deberán rendir cuentas ante la Fiscalía son 20 fiscales, 18 jueces y 12 policías, precisa la nota.
Las irregularidades fueron detectadas tras una revisión al azar de las declaraciones patrimoniales de 105 funcionarios judiciales y policiales.
La denuncia del Ministerio de Transparencia se enmarca en la profunda crisis que atraviesa la Justicia boliviana, reconocida por el propio gobierno, que apostó esta semana por convocar un referendo para afrontar esta situación.
El presidente del país, Evo Morales, propuso que la consulta popular determine si se cambia la Constitución para modificar el sistema de elección de altos cargos judiciales por voto popular que su propio gobierno implantó en la Carta Magna promulgada en 2009.
Morales ha reconocido que aquella iniciativa no ha logrado mejorar la Justicia, cuyos principales problemas son la lentitud en los procesos, la corrupción generalizada, las dificultades de acceso de la población y las injerencias políticas.
