Pueblo mexicano impide construcción de planta hidroeléctrica

SANTA URSULA, MÉXICO.- Los residentes del caserío de Santa Úrsula comenzaron a preocuparse cuando empezó la tala de árboles. A las pocas semanas, la vegetación a lo largo de casi dos kilómetros había desaparecido para abrir camino a maquinaria pesada de dragado.

Era 2010 y recién comenzaba el trabajo en un ambicioso proyecto a tres años, de 30 millones de dólares, que contemplaba la construcción de una planta hidroeléctrica de 15 megavatios adyacente a la represa del Cerro de Oro, con apoyo de una agencia gubernamental estadounidense. Acto seguido vinieron las explosiones para abrir un túnel entre las rocas a ser usado para alimentar las turbinas. En Santa Úrsula, ubicada a 2,4 kilómetros de distancia, tembló la tierra y surgieron grietas en varias viviendas, según los residentes. Finalmente comenzó a salir agua turbia de las alcantarillas y los lugareños empezaron a pensar lo peor: se había contaminado el manantial de la montaña que suministraba el agua potable a casi 2.000 personas y alimenta un arroyo clave para la zona.

"Para nosotros el arroyo es la vida", expresó Federico Cohetero, agricultor de Santa Úrsula, un caserío del estado de Oaxaca a seis horas de auto al sudeste de la Ciudad de México. El proyecto era financiado en parte por la Overseas Private Investment Corp. (OPIC), una dependencia del gobierno estadounidense poco conocida pero con un alcance global. Esa dependencia aportó un préstamo garantizado de 8,5 millones de dólares, que formaba parte de una partida de 60 millones a ser usada en proyectos energéticos en América Latina.

La inquietud en torno a las explosiones y el agua desencadenó protestas que dejaron el proyecto en suspenso. Hacia fines de 2011, los manifestantes cantaron victoria y demostraron que es posible impedir proyectos de desarrollo en un país donde generalmente esas iniciativas se hacen realidad incluso si los residentes locales se oponen.

La batalla dio a su vez una idea del impacto que pueden tener proyectos de desarrollo apoyados por la OPIC. Esos proyectos, que buscan promover progreso económico, han generado protestas en Liberia, México y Chile, según un estudio de The Associated Press. Pese a que financia obras por valor de 3.000 millones de dólares todos los años, se habla poco de la OPIC y sus manejos no están muy supervisados. Ésta dijo que sus proyectos generan miles de puestos de trabajo y mejoras en el medio ambiente, pero no suele revelar el estatus de sus iniciativas.
En México, fueron las protestas comunitarias las que sacaron el tema a la luz.

Gabino Vicente, funcionario municipal de Santa Úrsula que hace de enlace con el gobierno, mostró la zona donde se talaron los árboles. Todavía no hay árboles, aunque la presencia de césped alto y de arbustos indica que se está produciendo una recuperación gradual. Junto al arroyo hay un canal que parece una zanja lleno de rocas, que estropean un paisaje dominado por un frondoso follaje verde. "Cuando empiezan a talar los árboles del Arroyo Sal es cuando entendemos la magnitud del daño que estaban empezando a ocasionar" con el proyecto, declaró Vicente.

OPIC y el contratista, Conduit Capital Partners LLC, de Nueva York, defendieron la iniciativa. Empleados de OPIC visitaron el lugar y contrataron expertos para que evaluasen el impacto en el medio ambiente. Aseguró que el contratista suspendió el proyecto en un gesto de buena voluntad. Conduit Capital Partners, que se asoció con empresas locales de México, afirma que la conversión de la represa es una gran oportunidad perdida. "Lamentablemente tuvimos que declararlo pérdida total", dijo George Osorio, socio de Conduit.