BUENOS AIRES.- La jueza Sandra Arroyo, ex esposa del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman, solicitó este jueves a la Defensoría General de la Nación denunciar el caso de la muerte de su ex marido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La magistrada, que tuvo dos hijos con el fallecido persecutor, pidió además que "un veedor" internacional siga de cerca la investigación por la muerte del fiscal que denunció por supuesto encubrimiento a la Presidenta Cristina Fernández, y cuatro días después apareció sin vida en el baño de su departamento.
Nisman iba a detallar en el Parlamento su denuncia contra la Mandataria, su canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes kirchneristas pero un día antes fue encontrado con un disparo en la cabeza.
En una audiencia pública brindada en el Parlamento junto a legisladores de la oposición, Arroyo "exigió" a las autoridades judiciales que investigan el caso "que se le dé el mismo tratamiento que a todos los procesos en trámite", es decir, que los sumarios sólo "son públicos para las partes".
La jueza, que es querellante en la causa, criticó la "exposición mediática" del caso de su ex marido y solicitó a la fiscalía de Viviana Fein que la actuación judicial "se ajuste en un todo a los postulados constitucionales y legales".
La magistrada apuntó a la "sobreexposición mediática" del caso de la muerte de Nisman, que había denunciado a la presidenta por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes de volar la mutual judía AMIA en 1994, el peor atentado de la historia del país, con 85 muertos y cientos de heridos.
Arroyo solicitó "a todas las instituciones del Estado" y "a los medios de comunicación" un trato "ético, prudente y responsable" de la investigación, que busca determinar en qué circunstancias murió Nisman.
Sostuvo que "los juicios de valor condicionan la labor del Poder Judicial". Desde que el fiscal murió, hubo todo tipo de declaraciones de funcionarios del gobierno y de la oposición al respecto.
Incluso, la Presidenta Fernández afirmó que estaba "convencida" de que el persecutor no se suicidó aunque aclaró que no tenía pruebas para demostralo.
La oposición al Gobierno tarsandino realizó esta jornada en el Senado una audiencia pública para debatir las implicancias de la muerte de Nisman.
La reunión fue convocada por el grupo "Consenso Parlamentario" que integran la UCR, el PRO, Coalición Cívica, Frente Renovador, UNEN, Peronismo Federal y otras expresiones de las minorías opositoras.
Arroyo afirmó que concurrió a la audiencia porque la invitaron y "sin ningún tipo de intencionalidad política". Dijo que cree que "la búsqueda de la verdad y la justicia constituyen una política de Estado y el Congreso es el ámbito natural donde se generen proyectos para optimizar la tarea del Poder Judicial".
Sostuvo que asistió "sin ningún tipo de intencionalidad política: no soy oficialista, no soy opositora", añadiendo que era "un momento difícil" para ella.