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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:25
El fiscal argentino murió de un disparo en la cabeza en su domicilio el pasado 18 de enero en circunstancias que se desconocen.
El MercurioBUENOS AIRES.- El Gobierno argentino presentó este viernes ante la Justicia pruebas y antecedentes "jurídicamente relevantes" que rebaten la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, donde se acusa a la mandataria Cristina Fernández y a varios colaboradores, de presunto encubrimiento a terroristas.
De acuerdo a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que en Argentina tiene a cargo la defensa del Estado, se entregó un escrito de carácter institucional ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, encabezado por el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir.
El persecutor trasandino murió de un disparo en la cabeza en su domicilio el pasado 18 de enero, en circunstancias que se desconocen.
En su demanda, el fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la Presidenta, al canciller, Héctor Timerman y a varios dirigentes vinculados al oficialismo, de organizar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar relaciones comerciales.
La presentación de la PTN había sido anticipada ayer y "se efectivizó en el día de hoy con sus respectivos anexos documentales", indicaron.
Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otros.
Desde el Gobierno sostienen que "no existe prueba alguna ni siquiera de carácter indiciario" que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
En esta línea, Capitanich criticó que el fiscal argentino Gerardo Pollicita tenga la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de "golpismo judicial activo" para desestabilizar al Gobierno.
"Los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad", agregó.
