Ex magistrada boliviana depuesta en juicio político llevará su caso ante la CIDH

LA PAZ.- La ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia, Soraida Chánez, destituida de su cargo en enero pasado en un juicio político en el Senado, llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este viernes su abogado, Eduardo León.

Chánez decidió acudir a esa instancia al considerar que el proceso en su contra bajo la acusación de prevaricación fue ilegal, y pedirá una indemnización de 60 millones de dólares, indicó León.

El juicio político se llevó a cabo después de que el Gobierno denunciara a la juez y a otros dos magistrados del Tribunal Constitucional por dejar en 2014 suspendida una ley de notarías sin haber emitido una sentencia, tal y como exige la normativa vigente, lo que según el Ejecutivo creó un precedente que podía afectar a la seguridad jurídica y económica del país.

En ese juicio de responsabilidades se acusó a los magistrados de adoptar "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes".

Las otras dos autoridades involucradas fueron Ligia Velásquez, que quedó excluida del juicio tras renunciar voluntariamente a su cargo, y Gualberto Cusi, cuyo enjuiciamiento quedó en suspenso por sus graves problemas de salud.

El defensor de Chánez sostuvo hoy viernes que en Bolivia "no existe justicia" y reiteró que en el juicio que se siguió a la magistrada en el Senado hubo violaciones constitucionales al debido proceso.

Por ese motivo, la ex magistrada presentó una apelación a la sentencia que está siendo tratada este viernes por la Asamblea Legislativa boliviana.

Dicha apelación, sobre la que se basará la denuncia ante la CIDH, pide "que se respeten los derechos constitucionales" y se revoque la sentencia por la que Chánez fue destituida.

El tribunal parlamentario que juzgó a la ex juez estuvo formado sólo por senadores oficialistas, ya que el partido del presidente Evo Morales cuenta con mayoría tanto en el Senado como en el Congreso.

La oposición se abstuvo de ser parte del proceso y ha denunciado varias veces que el Gobierno quiere reemplazar a estos jueces por otros quienes apoyen una eventual reforma de la Constitución, que habilite a Morales para la reelección indefinida, lo que ha negado el Ejecutivo.

Cuando se anunció el juicio a los tres magistrados, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia manifestó su preocupación por este proceso, que "podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país".