VIENA.- El secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani, aseguró hoy durante una reunión de la ONU en Viena que no hay vuelta atrás en la ley que legaliza la compraventa de marihuana en el país sudamericano.
"Lo anuncie en este foro internacional y es lo que ocurre y va a pasar, no hay vuelta atrás en el mercado regulado" del cannabis, explicó en los márgenes de la Comisión de Estupefacientes, que debate esta semana el rumbo de las políticas mundiales sobre drogas.
El jefe de la delegación de Uruguay en esa reunión recalcó que la ley ya se está aplicando y, aunque la venta en farmacias está llevando más tiempo de lo previsto, se mostró confiado en que se ponga en marcha a lo largo del año.
"No me manejo con plazos sino con garantías de éxito, de que el sistema funcione bien, porque es una experiencia mundial, nadie lo ha hecho antes", indicó.
Informaciones aparecidas en medios uruguayos la semana pasada apuntaban que el nuevo Gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, habría dado marcha atrás con respecto a que sean las farmacias las encargadas de vender el cannabis legal, como determina la ley aprobada por el anterior Ejecutivo, liderado por José Mujica.
"La suspicacia de que el doctor Tabaré Vázquez va a frenar esto son macanas", dijo con rotundidad Romani, quien negó que hubiera diferencias entre el actual presidente y su antecesor respecto a la normativa.
"Tenemos una estrategia nacional de drogas, que fue aprobada, y un programa de gobierno que incluye esto. No hay dudas. Y el doctor Tabaré Vázquez dijo que la ley se va a cumplir", indicó.
En relación a las críticas a Uruguay vertidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su último informe anual, divulgado la pasada semana, Romani consideró que ese organismo se extralimita en sus opiniones.
La JIFE, que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas y se define como un órgano cuasijudicial, mostró su "honda preocupación" por la ley uruguaya que legaliza el cannabis y consideró que tal paso afectaría negativamente la lucha contra las drogas en otros países.
"Creo que la JIFE se vuelve a extralimitar en sus opiniones. La JIFE puede decir si tal medida está dentro o fuera de la convención, y eso se discutirá. Pero no puede decir que eso va a ser un gran daño a las políticas de drogas en los Estados vecinos porque eso es una opinión política", valoró.
"Si es un cuerpo técnico, tiene que abstenerse de opiniones de carácter político, y decir que una política es buena o mala es un juicio político", destacó el responsable uruguayo, quien recordó que el órgano de la ONU para debatir cuestiones políticas sobre drogas es la Comisión de Estupefacientes.
El experto también recalcó que los vecinos de Uruguay, Argentina y Brasil, han expresado que "no tienen ningún problema" con la experiencia reguladora de Montevideo.
"Hay veces que (la JIFE) se parece más al Tribunal del Santo Oficio que a un juez imparcial", indicó, y agregó que esta semana hará llegar su opinión al presidente de ese organismo, el sudafricano Lochan Naidoo.
Romani destacó que la normativa uruguaya pretende quitarle un mercado al narcotráfico y prueba de ello es que las 2.000 familias que se registraron como cultivadores de cannabis "no están yendo a comprar al mercado negro".
Sobre la importante reunión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre drogas en abril del próximo año, el representante uruguayo destacó que cada vez son más los países que abordan el problema de los estupefacientes como un asunto de salud pública y no como un problema de seguridad.
"Vamos a debatir, y yo reclamo, una interpretación flexible de las convenciones" para "aplicar una política más humana", insistió, ya que el enfoque de "guerra contra las drogas" es desequilibrado y solo ha generado más violencia, manifestó.