PARÍS.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abre este martes en La Haya las audiencias orales de dos demandas cruzadas entre Costa Rica y Nicaragua en torno a un territorio fronterizo, que han tensionado las relaciones bilaterales desde 2010.
Del 14 de abril al 1 de mayo, la Corte escuchará los alegatos de ambas partes, con la participación de expertos en cuatro de las jornadas. El fallo sobre las dos demandas no tiene fecha por el momento, pero podría emitirse a fines de año.
La delegación costarricense estará encabezada por el canciller, Manuel González, mientras que la nicaragüense estará dirigida por el embajador en Holanda y representante ante la Corte, Carlos Argüello.
La primera demanda la presentó Costa Rica en 2010, acusando a Nicaragua de la presunta invasión de un pequeño territorio limítrofe durante los trabajos de dragado que Managua estaba realizando en el río San Juan. Éste se encuentra bajo soberanía nicaragüense y marca la frontera entre ambos países.
El territorio en cuestión, reivindicado como propio por los dos, tiene apenas 3 km2 y está protegido por la Convención internacional Ramsar de protección de humedales. En Costa Rica se conoce como isla Portillos y en Nicaragua como Harbour Head, en el extremo oriental de la frontera común.
A finales de 2011, Nicaragua demandó a su vez a Costa Rica ante la CIJ por causar "graves daños ambientales a su territorio" con la construcción de la carretera 1856, de al menos 120 km de largo, en paralelo al curso del río San Juan.
Prueba de la actualidad incesante de la disputa, que ha causado la mayor crisis diplomática en décadas entre estos vecinos centroamericanos, Costa Rica colocó a comienzos de este mes un dique para cerrar un caño (canal) abierto por Managua en la zona en septiembre de 2013.
El canciller González explicó esta semana que "las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia autorizaban a Costa Rica a realizar las obras, para evitar un daño mayor" al humedal en disputa.
"Todo lo hemos hecho con estricto apego a la legalidad local e internacional", añadió, en declaraciones recogidas por un comunicado de su ministerio.
La Corte impuso primero medidas cautelares en marzo de 2011, ordenando a ambos países que se retiraran por completo de la zona a la espera de resolver el tema de fondo.
La medida fue reiterada en noviembre de 2013, después de que San José acusara a Managua de violar las medidas cautelares al construir dos canales. Nicaragua acató la decisión y detuvo el dragado.
Al mes siguiente, Nicaragua se llevó un nuevo revés, al desestimarse su exigencia de que San José parara la construcción de la ruta 1856. El alto tribunal de la ONU argumentó que el gobierno de Daniel Ortega no pudo demostrar que dicha vía supusiera un "riesgo real e inminente" para las especies de la zona.