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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:15
CIUDAD DE PANAMÁ.- El gobierno panameño decidió hoy mantener vigente el polémico proyecto de la hidroeléctrica de Barro Blanco, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, pero se estudia la posibilidad de que el mismo sea asignado a una nueva empresa contratista.
Así lo señaló este lunes la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel Saint Malo, en una mesa de diálogo, al cumplirse la fecha de un ultimátum de dirigentes de la etnia indígena Ng”be-Buglé y de organizaciones de la sociedad civil.
La mesa de diálogo fue instalada con el respaldo del sistema de Naciones Unidas, como facilitador, tras fuertes enfrentamientos en 2013 y 2014 entre los indígenas en rebeldía y agentes policiales durante el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli.
Saint Malo planteó que la decisión de no cancelar el proyecto hidroeléctrico se debe, fundamentalmente, a los acuerdos con la banca internacional. Sin embargo, el anunció generó malestar entre los indígenas. La cacica general Silvia Carrera manifestó su rechazo total al anuncio del gobierno.
El proyecto de Barro Blanco es financiado con unos 78,3 millones de dólares provistos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el holandés Fondo para los Mercados Emergentes (FMO, por sus siglas en inglés), y el Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones (DEG, por sus siglas en alemán), e implica la construcción y operación de una planta de generación con una capacidad instalada de 28,4 MW.
La hidroeléctrica está fuera de la comarca Ng”be-Buglé, pero utiliza el sistema hídrico del río Tabasará y afluentes tributarios que están territorio indígena para abastecer de agua al embalse. El proyecto lleva un 95 por ciento de avance y fue ejecutado pese a demandas legales interpuestas en la Corte Suprema de Justicia.
Chito Gallardo, cacique de la etnia Ng”be-Buglé del distrito de Muná, señaló a dpa: "Nos oponemos al proyecto hidroeléctrico porque tenemos un territorio que salvar de la explotación de las multinacionales, y del acaparamiento y uso monopólico del agua". Añadió que "la obra de interés privado se realizó con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) amañado".
Gallardo manifestó que los pueblos originarios y 73 organizaciones que integran una Alianza Estratégica Nacional volverán a reunirse tras conocer la decisión del gobierno, con el objetivo de consensuar acciones sobre el tema del proyecto hidroeléctrico ejecutado por la compañía Generadora de Istmo, S.A. (Genisa).
El gobierno detuvo el 9 de febrero el proyecto de Barro Blanco, por "infracciones ambientales" que pueden acarrear sanciones. Pese a ello, los indígenas reclaman la cancelación de las obras sobre el río Tabasará, vinculado a la cultura ancestral de los Ng'be-Buglé.
Genisa respondió que espera "que se levante de inmediato y sin más demoras" la suspensión del Proyecto de Barro Blanco, "respetando el Estado de derecho y la seguridad jurídica, en pro del desarrollo energético del país".
A su vez, Manuel Zárate, evaluador de proyectos ambientales, aseguró que la Genisa "no está en las mejores condiciones de exigir elevados pagos por lucro cesante, debido a innumerables violaciones al contrato con el Estado". "Es la empresa más tramposa que he visto en mi vida", añadió.
El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco garantizaría la energía que requieren las compañías mineras para la explotación de ricos yacimientos cupríferos en áreas ocupadas por los Ng'be-Buglé, la etnia indígena más numerosa de Panamá.
Al respecto, la ambientalista Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), abogó por el inicio de un diálogo nacional sobre el uso y derecho de las poblaciones al agua y una moratoria de las hidroeléctricas en este país.
