BRASILIA.- El Supremo Tribunal de Brasil, la máxima instancia de la Justicia brasileña, negó hoy a la cantante mexicana Gloria Trevi su pedido de prisión domiciliaria.
"La solicitud no puede ser analizada porque el proceso de extradición (de Gloria Trevi) está suspendido", argumentó en su fallo José Néri da Silveira, magistrado del tribunal que juzgó la solicitud del beneficio.
La extradición de Trevi, que ya fue aprobada por el Supremo Tribunal, se encuentra suspendida ante una serie de recursos presentados por los abogados de la defensa, entre ellos un pedido de refugio.
Embarazada de siete meses, Trevi, su empresario Sergio Andrade y su corista María Raquenel Portillo aguardan en un presidio de Brasilia la decisión sobre su permanencia en Brasil o el envío a México, donde la Justicia de ese país los acusa de corrupción de menores.
Otavio Neves, uno de los abogados de los mexicanos, dijo hoy que el pedido de prisión domiciliaria para su clienta fue presentado a raíz de "evidencias que muestran que el embarazo de Gloria Trevi fue debido a una violación en la prisión".
Trevi, Andrade y Portillo fueron detenidos en enero de 2000 en Río de Janeiro, donde vivían en la clandestinidad y transferidos días después a la capital brasileña.
Hace poco más de dos meses un examen clínico reveló que la artista estaba embarazada.
Las autoridades ordenaron una investigación para averiguar en qué condiciones y quién embarazó a la intérprete de "Con el pelo suelto", ya que ella estaba impedida de recibir visita íntimas.
La semana pasada la Policía Federal informó que la cantante se inseminó artificialmente con ayuda de una jeringa en la que había mezclado el semen de su empresario y de un ladrón brasileño.
Trevi, de 31 años, negó la versión oficial pero no ha aportado más informaciones sobre las circunstancias de su embarazo.
La revista brasileña "Istoé" dio esta semana un vuelco a la explicación del embarazo de Trevi al afirmar que dos agentes figuran entre los probables sospechosos del embarazo de la cantante.
Al enterarse de la versión periodística el ministro de Justicia de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, ordenó una nueva investigación.
