MADRID.- España puede quedarse sin cine el próximo lunes, si los propietarios de unas 4.000 salas, el 90 por ciento del total, secundan el llamado de la Federación de Cines (FECE) para cerrar durante 24 horas en protesta por el proyecto de Ley de Cine que tramita el Gobierno.
El Ejecutivo aprobó el pasado 1 de junio este proyecto que, entre otras normativas, mantiene la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas frente a las de terceros países.
Ese "terceros países" es casi un eufemismo tras el que se oculta en realidad el cine de un sólo país, Estados Unidos, cuyas distribuidoras controlan más del 70 por ciento de la taquilla española, según apuntaron fuentes de la FECE el pasado año.
La nueva normativa en estudio prevé ayudas para las salas que exhiban al menos un 40 por ciento de cine europeo e iberoamericano.
El presidente de la FECE, Rafael Alvero, dijo hoy que "las películas que se hacen en España interesan muy poco a la gente" y destacó que la "cuota de pantalla para el cine español en lo que va de año es del cinco por ciento", o sea, que de cada cien espectadores, sólo cinco ven cine español.
A la medida de presión que proponen los exhibidores para el lunes próximo y a la que Alvero espera que "se sumen todos", ha decidido no adherirse la cadena de cines Renoir -que exhibe filmes en sus propias lenguas, subtitulados y no sometidos a doblajes- ni los gestionados por Altafilms, que llegan casi al centenar de pantallas.
Junto a la petición del cierre de veinticuatro horas, la FECE ha iniciado una ronda de encuentros con los principales partidos políticos para explicarles su posición.
Los exhibidores piden "la supresión de la cuota de pantalla o una serie de contraprestaciones fiscales o de otro tipo a cambio de lo que ésta supone, y que se reconozca que una sala en la que se proyecta cine español es una sala abierta y vacía, lo que supone una gran pérdida".
También piden que las "ventanas", como se denomina al tiempo que tiene que pasar entre el estreno de una película y su difusión en la televisión o en vídeo, sea de un período de seis meses, y que "se acabe con la competencia desleal de las grandes compañías americanas".
Consultada hoy al respecto, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, dijo que respeta la decisión de los exhibidores, aunque añadió que retirar la "cuota" sería "una contradicción insostenible desde el punto de vista de la racionalidad, ya que esta ley se hace para mejorar el cine" español.
Esta medida, dijo Calvo, "obliga a proyectar cine español y se parece a otro tipo de medidas europeas, donde cada país impulsa su propio cine".
