Anderson se reunió con Watson en Frankfurt.
AFPBERLÍN.- La atractiva actriz canadiense Pamela Anderson salió hoy en defensa del fundador de la organización ecologista "Sea Shepherd", Paul Watson, quien se encuentra en Alemania a la espera de su posible extradición a Costa Rica.
Las autoridades costarricenses reclaman la extradición de Watson por no comparecer en 2006 en un juicio acusado de violación del tráfico marítimo en aguas guatemaltecas en un incidente de 2002, en el que pescadores costarricenses aseguran que trató de hundir su embarcación.
La ex Baywatch declaró en una rueda de prensa conjunta con Watson en Frankfurt que cuando oyó del caso del activista, se decidió a apoyar al activista.
Anderson, quien explicó que ella misma ya con tres años protegía a los animales y que incluso logró que su padre abandonara la caza, exigió que se ponga fin a la posible extradición de Watson y señaló que "todo el mundo observa este proceso".
El propio activista, detenido en el aeropuerto de Frankfurt el pasado 13 de mayo y puesto en libertad una semana más tarde bajo fianza de 250 mil euros, calificó de ilegal la orden de arresto presentada por Costa Rica, aunque se mostró dispuesto a comparecer en un juicio justo en ese país.
Tras la detención de Watson, la organización Sea Shepherd indicó que la supuesta ofensa ocurrió cuando el activista se encontraba filmando en 2002 el documental "Sharkwaters", sobre una operación ilegal para extraer aletas a los tiburones a cargo del buque costarricense Varadero.
El ecologista argumentó que con las aletas de tiburón se gana mucho dinero "y con el dinero se compra mucho poder".
"Confío en que la República Federal (de Alemania) no me envíe a ningún sitio donde peligren mi salud o mi vida", declaró Watson y depositó así sus esperanzas a no ser extraditado en el Gobierno germano.
Costa Rica cuenta con un plazo de tres meses para presentar una orden formal de extradición con la documentación completa que corrobore las acusaciones, tras lo cual la Audiencia Territorial de Frankfurt deberá tomar una decisión, aunque la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.