Cuadra y casos de DD.HH.: "Instituciones pueden asumir responsabilidades"

SANTIAGO.- Francisco Javier Cuadra, quien ejerció como ministro secretario general de Gobierno entre los años 1984 y 1987, consideró que las responsabilidades en hechos ocurridos durante el gobierno militar son fundamentalmente personales.

No obstante, admitió que las instituciones sí pueden asumir responsabilidades "políticas" en casos de este tipo.

"Las instituciones no delinquen, pero pueden asumir las responsabilidades civiles y políticas", declaró el ex secretario de Estado.

"No niego, porque están más que demostradas, las violaciones a los derechos humanos que se imputaron al gobierno militar, pero también me doy cuento que fue un grupo pequeño de personas que participaron en eso, siempre las mismas personas, que se encuentran en uno y en otro caso", argumentó.

"A mí me tocaba preparar informaciones para el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Tendría que haber sido tarado para no darme cuenta de que esas informaciones a quienes más dañaban era al propio gobierno y a quienes dentro del gobierno ni matábamos ni torturábamos, ni justificábamos las muertes ni las torturas", añadió.

"Un gobierno militar no es eficiente en todo, y a veces puede ser lo más deficiente que hay", dijo.

Cuadra concedió una entrevista al programa "Chile, Imágenes Prohibidas" de Chilevisión, que en la emisión de este miércoles abordó las protestas nacionales ocurridas en los años '80 y casos como el degollamiento de tres profesionales comunistas en marzo de 1985.

La investigación judicial de los homicidios, iniciada por el magistrado José Cánovas Robles, derivó en sentencias sobre 14 personas, entre ellos integrantes de la Dicomcar (organismo de inteligencia de Carabineros) e informantes, y la renuncia del entonces general director de la policía uniformada y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza.

"El factor humano opera y hace que alguien, de repente, un mando, diga 'mire, aquí hay que matar a estas personas'. Esa persona no está actuando en conformidad con el procedimiento que la ley establece", argumentó Cuadra.

"En el caso de las tres personas que fueron degolladas a fines de marzo de 1985, nosotros como responsabilidad política del Gobierno pusimos todos los antecedentes a disposición del Poder Judicial", añadió.

Confrontado con declaraciones de esa época en las que atribuyó las denuncias contra el Gobierno sobre el triple crimen a una "campaña" contra el régimen militar, Cuadra dijo que hoy "las suscribía".

"Se las vuelvo a dar, aunque quisiera oír la pregunta", enfatizó.

Sobre las sentencias en el caso, Cuadra dijo que considera que las culpabilidades de los homicidios fueron de carácter personal.

"Yo no tenía la información completa sobre quién era el responsable exacto, pero me parecía claro, y me parece claro todavía, que no era la institución" (Carabineros), indicó.

Cuadra también se refirió a la carta entregada en 1984 por el entonces Arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, sobre el clima de violencia y los atropellos contra las personas registrados durante las protestas.

"Había una restricción de información política y esa restricción era la norma. En ese momento se pretendió que por la investidura del cardenal arzobispo de Santiago, el cardenal Fresno podía pasar sobre la norma. Y la política del Gobierno fue que ni el cardenal Fresno podía pasar sobre la norma", refirió.

"Todavía no puedo perdonar"

El programa de Chilevisión recogió testimonios de familiares de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, los tres profesionales cuyos cuerpos fueron abandonados por los autores de los crímenes en las cercanías del aeropuerto internacional de Santiago.

Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, admitió que aún "no puede perdonar" el homicidio de su esposo, pese al tiempo transcurrido.

"¿Qué significa reconciliación?", se preguntó. "Es muy difícil, y yo todavía no puedo perdonar", reconoció.

Otro caso abordado en "Chile, Imágenes Prohibidas" fue la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas, quemado por una patrulla militar junto a Carmen Gloria Quintana en Estación Central, en julio de 1986.

Quintana, quien sobrevivió con graves lesiones en su rostro y cuerpo, rememoró el ataque en un dramático testimonio. También lamentó lo que consideró como "falta de justicia" tras la investigación del caso.

"Mis hijas me preguntan si hubo justicia, y es otra parte dura, porque tengo que decirles que no la hubo. De los 21 militares, sólo uno fue detenido y tuvo una pena por cuasidelito, no de homicidio, por haber matado a Rodrigo (Rojas) y por haberme dejado en este estado", declaró.