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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
Galeano fue uno de los extranjeros que figuró en las listas, donde los argentinos eran mayoría.
AFPBUENOS AIRES.- El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, además de los argentinos Julio Cortázar, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Bayer y David Viñas, fueron algunos de los artistas e intelectuales extranjeros que figuraron en las "listas negras" de la última dictadura argentina (1976-1983), difundidas hoy por el Ministerio de Defensa. Todos ellos aparecían en "fórmula 4", que indicaba máxima peligrosidad.
Además del autor de "Las venas abiertas de América Latina", los militares incluyeron a otros extranjeros, como el periodista uruguayo Andrés Alsina Brea, su colega boliviano Luis Soruco Barba y la brasileña Guiomar Schmidt, que aparece registrada como "directora de la revista Combate" en la lista de 1980.
Los servicios de inteligencia del régimen vetaron también a numerosos actores argentinos, como Norma Aleandro, Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Luppi y Marilina Ross, entre muchos otros.
La cantante Mercedes Sosa aparece también en los listados, junto a sus colegas Osvaldo Pugliese, Horacio Guarany y Atahualpa Yupanqui, e incluso el pintor Antonio Berni quedó bajo la lupa de los uniformados.
Los marcados por el régimen vieron cerradas las puertas del mercado laboral, tanto en espacios públicos como privados, pese a que en una de las carpetas encontradas se señala que "corresponde aclarar que los medios privados de comunicación social no tienen ninguna limitación (de contratación) al respecto", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
La cartera encabezada por Agustín Rossi difundió tres "listas negras" elaboradas por las juntas militares en 1979, 1980 y 1982, que fueron encontradas la semana pasada en el sótano del edificio Cóndor de Buenos Aires, perteneciente a la Fuerza Aérea.
Los listados estaban entre 1.500 carpetas de documentación de la dictadura, entre las que constaban también todas las actas secretas originales de las juntas del régimen, un plan de acción de Gobierno hasta el año 2000 y documentación sobre los sectores económicos civiles que apoyaron el régimen.
Un grupo de expertos estudia los papeles encontrados, que serán desclasificados en un plazo máximo de seis meses.
