SANTIAGO.- La diputada (PPD) Adriana Muñoz dijo que es urgente que el Ministerio de Educación se comprometa en términos claros para que actúe como garante de los acuerdos pactados entre los estudiantes y el Consejo Superior del Transporte por los pases escolares.
La parlamentaria valoró que la ministra Mariana Aylwin haya exigido al organismo una boleta de garantía para asegurar que se cumplan los plazos de entrega de los documentos.
Muñoz, junto con dirigentes estudiantiles de universidades y de enseñanza media y representantes del parlamento juvenil, se reunió con la autoridad ministerial y le entregó una serie de propuestas para terminar con el conflicto.
Dentro de tales medidas se encuentra que los pases escolares del 2000 sean usados durante los meses de vacaciones y hasta el 15 de abril del 2001, considerando que son 100 mil los jóvenes que aún no tiene ni siquiera un documento provisorio. También se consideró que la credencial del 2000 sea prorrogada automáticamente en caso de que el 15 de abril aún no hayan sido distribuidas las del 2001.
Por otra parte, se planteó que la cartera del ramo inicie acciones legales contra los choferes de la locomoción colectiva que no respeten los plazos de entrega de los nuevos pases.
Mediante un comunicado de prensa, la diputada PPD recordó que de acuerdo a la ley el Ministerio de Educación tiene facultades para exigir una explicación al Consejo Superior del Transporte sobre las causas que motivaron el incumplimiento de las fechas de entrega, a lo que se suma la exigencia de una cuenta detallada de los Fondos Recaudados, los que ascienden a unos 350 millones de pesos considerando que unos 100 mil documentos aún no están en manos de sus dueños.
Por otra parte, la parlamentaria dijo que se debe modificar profundamente el Decreto Supremo No.20 de 1982 y que se debe establecer que la cartera entregue al sector privado la responsabilidad de elaborar y distribuir los pases sobre la base de "una licitación libre, austera y transparente que garantice los derechos de los usuarios y evite la monopolización del servicio".
También dijo que debe ser el Ministerio quien controle y fiscalice a las instituciones privadas concesionarias de los documentos y que se fije un sistema de sanciones.
Por otra parte, propuso que las organizaciones gremiales que representan a los conductores puedan obtener fondos para realizar actividades sociales con sus familias y mejorar así la relación existente entre los choferes y los estudiantes.
