SANTIAGO.- Dirigentes mapuches negaron hoy la existencia de infiltrados al interior de las comunidades indígenas que en las últimas semanas han ocupado varios predios de empresas forestales que reclaman como propios.
El consejero del gubernamental del Consejo Nacional Indígena (CONADI), José LLancapán, manifestó hoy su "malestar" por la "tergiversación" que se está haciendo sobre los conflictos entre las comunidades mapuches y las empresas forestales en el sur del país.
"En las comunidades no existen infiltrados que estén llamando al desorden", dijo el dirigente al rechazar afirmaciones de algunos sectores políticos y del empresariado agrícola.
Al parecer se sigue pensado "que los mapuches no somos capaces de pensar ni de empezar a luchar por lo que queremos y somos", agregó.
Desde hace más de dos años, el enfrentamiento entre empresarios y comuneros indígenas que reivindican derechos históricos sobre tierras que consideran usurpadas ha derivado en ocupaciones de predios y actos de violencia de ambas partes.
En las últimas semanas, centenares de mapuches -la etnia aborigen mayoritaria en Chile- han radicalizado el movimiento de "recuperación" de estas tierras sobre las que reclaman dominio ancestral.
Los principales conflictos se han registrado con las empresas forestales en las regiones de Concepción y la Araucanía, a 500 y 600 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente.
El dirigente de la CONADI LLancapal y el abogado Mario Osses, uno de los creadores de la Nueva Ley Indígena, promulgada en 1993 y que reparó discriminaciones históricas a los pueblos originarios, afirmaron en rueda de prensa que las disposiciones de esta norma legal no se respetan.
LLancapal denunció que las garantías de las etnias (pascuenses, mapuches, aymarás y huilliches) han sido sobrepasadas tanto "por el Gobierno actual como el anterior. Han violado las leyes que ellos mismos han creo, pasándonos a llevar en sus decisiones", recalcó el dirigente.
A raíz de los conflictos entre empresarios y comuneros, el Gobierno autorizó a comienzos de febrero la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los indígenas que participen en hechos de violencia.
Al respecto el director de la CONADI dijo que así como el Gobierno exige a los indígenas respetar el Estado de Derecho "sería bueno que ellos también vean hacia su interior cómo están respetando el estado de derecho de las comunidades".
El abogado Osses indicó que la "comunidad nacional no está suficientemente informada acerca de los problemas fundamentales por lo que atraviesan las etnias".
El profesional recordó que la Ley Indígena puntualiza "la integridad y el desarrollo de las comunidades", lo que a su juicio "el Estado no cumple".
El juez Eliseo Araya, que sustancia el requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado por el incendio de pastizales del pasado 26 de enero en la hacienda Lleu Lleu, en la Araucanía, interrogó hoy, por su parte, a integrantes de la comunidad mapuche Pascual Coña.
También anunció que se dictarán órdenes de detención en contra de todos aquellos citados a declarar que no se presenten voluntariamente.
El requerimiento del Gobierno fue interpuesto contra los nueve detenidos por la policía de Carabineros en esa oportunidad, seis de los cuales salieron libres por falta de pruebas, mientras que los tres restantes fueron procesados por maltrato a Carabineros.
Los mapuches representan el 8 por ciento (un millón de personas) de la población chilena.