EL PODER JUDICIAL, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAIS
Abordaré esta materia, de suyo compleja, en términos generales y cuidadosos, como lo aconseja la sensibilidad y el alto grado de preocupación que el tema de los derechos humanos, está produciendo en amplios sectores de la comunidad nacional.
La situación que vive y tensiona al país, en relación con esta materia tiene su origen como consecuencia de la conmoción y graves hechos de violencia, que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 1973, con ocasión de la intervención militar y la consiguiente interrupción del sistema democrático.
Restablecido el Estado de Derecho, a partir del año 1990, la situación y preocupación por el estado de numerosas causas en que se investigaban por los tribunales diversos atentados a los derechos humanos, muertes, secuestros o desaparición de personas, motivaron la preocupación del Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, en orden a establecer algunos mecanismos especiales que pudieran acelerar esas investigaciones, para concluirlas y resolverlas con más conveniente oportunidad, dentro del marco de la normativa vigente, entre las que no se entendió excluido el decreto ley de Amnistía, de 1978.
La iniciativa del proyecto del Presidente Aylwin, alcanzó a ser informada favorablemente por esta Corte Suprema, con algunos alcances, pero finalmente no prosperó puesto que el proyecto de ley, que al efecto remitió al Congreso, no se tramitó porque fue retirado por él mismo.
En cuanto al Poder Judicial, al cual, histórica y tradicionalmente le ha cabido en el curso de nuestra existencia institucional, una relevante función como pilar del Estado de Derecho y en la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales, en rigor, durante gran parte del período en que estuvo suspendida la vigencia plena del Estado de Derecho, los tribunales se vieron, en general impedidos de cumplir a cabalidad con esa función protectora.
En efecto, nuestra esfera de acción se vio limitada por una legislación de excepción, y ante las reiteradas denuncias de detenciones ilegales, desaparición de personas, etc., los Tribunales y las Cortes de Apelaciones del país no contaron con una eficaz cooperación de los organismos correspondientes y, en la generalidad de los casos, no se nos proporcionó la información que requeríamos, o derechamente, se ocultó la verdad, lo cual, a mi juicio, ha quedado de manifiesto ahora, luego de que recientemente se diera a conocer, a instancia de los llamados que, al efecto, hiciera la Mesa de Diálogo, la conmovedora realidad de lo que ocurrió con centenares de víctimas, de los llamados detenidos desaparecidos.
En consecuencia, si bien podemos admitir que en algunas situaciones se pudo hacer más de lo que se hizo, creemos que en general, en razón de lo expuesto, en buena medida no son justas las críticas que se han dirigido al Poder Judicial, en relación con esta materia durante la época señalada.
Muy distinta ha sido nuestra realidad, en el curso de estos años transcurridos, desde el restablecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho en el país, puesto que habiendo dispuesto los tribunales de los medios de información y de prueba adecuados, numerosas investigaciones penales se han cumplido con éxito suficiente, lo que ha permitido sancionar con el rigor correspondiente numerosos delitos por graves violaciones a los derechos humanos, como bien lo sabe el país.
No obstante, nos preocupa la existencia de numerosas causas aún pendientes, en las que se investigan también violaciones a los derechos humanos, cuyas indagaciones hasta ahora no han tenido éxito, lo que es, por cierto, fuente de angustia legítima, de parte de los familiares de las numerosas víctimas, quienes confían que se encuentren los restos de éstas o conocer en definitiva la verdad del destino que han tenido.
Esta situación y diversos otros motivos, que no me corresponde abordar, han dado origen a un permanente estado de resentimiento y desencuentro al interior de la comunidad nacional que, como acertadamente lo señalara la Mesa de Diálogo en su reciente declaración "dificulta que el país avance unido", por lo que ha formulado un patriótico llamado para encontrar una solución y lograr la paz social.
Para avanzar en esta misma dirección, me parece también encomiable el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros y la contribución de la Iglesia Católica y otras instituciones morales, al obtener y proporcionar recientemente información de carácter general acerca de la muerte y destino de doscientas víctimas, que figuraban como detenidas desaparecidas, reconociéndose, que más de ciento cincuenta de ellas habrían sido lanzadas al mar, en diferentes lugares del litoral, durante el período más cruento que siguió al 11 de septiembre de 1973.
El Presidente que habla, con fecha 8 de enero recién pasado, recibió directamente de parte del señor Presidente de la República, los informes a los que hago referencia, y este Tribunal, con la urgencia que ameritaba la naturaleza de tales antecedentes, dispuso las investigaciones correspondientes para verificar la exactitud de las informaciones proporcionadas, a fin de establecer, por último, la verdad que nos preocupa y poder entregar, en lo posible, la conformidad que necesitan quienes han esperado conocerla durante tanto tiempo.
Debo advertir, no obstante, que el éxito de la labor de nuestros tribunales y jueces, en este orden, sólo podrá ser posible, y esto debe comprenderlo claramente la ciudadanía, en la medida que los antecedentes y las informaciones que se nos han entregado resulten, en definitiva, rigurosamente fidedignas.
Cabe destacar, asimismo, que nuestra competencia en las causas que ordinariamente sustanciamos, y por cierto en las que dicen relación con graves violaciones a los derechos humanos, está enmarcada dentro de un ámbito estrictamente judicial, aun cuando tengan o puedan presentar, como sucede con frecuencia, connotación de orden político, o produzcan efectos de esta naturaleza, los cuales corresponde que sean abordados y solucionados en una instancia diferente, y, en consecuencia, tales connotaciones no deben perturbar el quehacer de los tribunales, en función de lograr un recto ejercicio de la función jurisdiccional.
Por esta razón, es que hemos rechazado, más de una vez, el desconocimiento de nuestras prerrogativas y potestades, y la intromisión y hasta la crítica injusta e indebida, cada vez que se ha sostenido, en especial por quienes se han sentido agraviados por alguna resolución judicial, con connotaciones del orden indicado, que nuestros fallos han podido estar influidos por presiones externas o de carácter político, afirmación que rechazamos porque agravia la dignidad e independencia de los jueces.
En mi carácter de Presidente de esta Corte Suprema, confío que la abnegada labor de nuestros jueces y su vocación por la justicia, y establecida que sea, en las situaciones a que me he estado refiriendo, la verdad y justicia que se busca, contribuiremos de manera eficaz a la paz social y a la reconciliación de nuestros compatriotas.
También confío, que la mayoría de la comunidad nacional pueda escuchar la autorizada voz y el mensaje de los Obispos de las Iglesias, quienes junto a la elevada autoridad espiritual de nuestro nuevo Cardenal, monseñor Francisco Javier Errázuriz, han estado abogando por el perdón, el reencuentro entre los chilenos y la paz social.
Asimismo, como ciudadano, tengo la esperanza que los actores políticos, ejerciendo su relevante papel de conductores que son, se esfuercen con sincero patriotismo, y se sumen a la urgente tarea de restablecer la ansiada pacificación nacional.
