SANTIAGO.- En su discurso inaugural del año del Poder Judicial 2001, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, expresó que las causas relacionadas con los derechos humanos que sustancian los tribunales actualmente se deben enmarcar dentro de un "ámbito estrictamente judicial, aun cuando tengan o puedan presentar, como sucede con frecuencia, connotación de orden político, o produzcan efectos de esta naturaleza".
En este sentido, el magistrado dijo que los efectos políticos que puedan tener estas causas (sin mencionar ninguna en particular) deben ser abordados y solucionados en una instancia diferente a los tribunales de justicia.
Alvarez precisó que durante el gobierno militar, los tribunales se vieron limitados "por una legislación de excepción y ante las reiteradas denuncias de detenciones ilegales, desaparición de personas, etc., los Tribunales y las Cortes de Apelaciones del país no contaron con una eficaz cooperación de los organismos correspondientes y, en la generalidad de los casos, no se nos proporcionó la información que requeríamos, o derechamente, se ocultó la verdad, lo cual, a mi juicio, ha quedado de manifiesto ahora, luego de que recientemente se diera a conocer, a instancia de los llamados que, al efecto, hiciera la Mesa de Diálogo, la conmovedora realidad de lo que ocurrió con centenares de víctimas, de los llamados detenidos desaparecidos".
Sin embargo, Alvarez diferenció lo ocurrido durante esos años con la realidad que vive actualmente el país.
"Muy distinta ha sido nuestra realidad, en el curso de estos años transcurridos, desde el restablecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho en el país, puesto que habiendo dispuesto los tribunales de los medios de información y de prueba adecuados, numerosas investigaciones penales se han cumplido con éxito suficiente, lo que ha permitido sancionar con el rigor correspondiente numerosos delitos por graves violaciones a los derechos humanos, como bien lo sabe el país".
El presidente del máximo tribunal manifestó también su preocupación por la existencia de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos aún pendientes, cuyas indagaciones no han tenido éxito hasta ahora y reconoció la angustia que esto produce en los familiares de las víctimas.
"Esta situación y diversos otros motivos, que no me corresponde abordar, han dado origen a un permanente estado de resentimiento y desencuentro al interior de la comunidad nacional que, como acertadamente lo señalara la Mesa de Diálogo en su reciente declaración "dificulta que el país avance unido", por lo que ha formulado un patriótico llamado para encontrar una solución y lograr la paz social", expresó el magistrado.
Mesa de Diálogo
Alvarez valoró también el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de la Iglesia Católica y otras instituciones, con el objeto de entregar información acerca de la muerte y destino de 200 víctimas detenidas desaparecidas, en el marco de la labor realizada por la Mesa de Diálogo.
Agregó que el éxito de la labor que realizan los tribunales y los jueces para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos "sólo podrá ser posible, y esto debe comprenderlo claramente la ciudadanía, en la medida que los antecedentes y las informaciones que se nos han entregado resulten, en definitiva, rigurosamente fidedignas".
En una leve alusión a los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos que investigan actualmente los tribunales de justicia, como el denominado caso "Caravana de la Muerte", en que está procesado el desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet, el presidente de la Corte Suprema dijo que los efectos políticos que puedan tener estas causas (sin mencionar ninguna en particular) deben ser abordados y solucionados en una instancia diferente a los tribunales de justicia.
Recalcó que las causas que sustancian se deben enmarcar dentro de "un ámbito estrictamente judicial, aun cuando tengan o puedan presentar, como sucede con frecuencia, connotación de orden político, o produzcan efectos de esta naturaleza".
En este sentido, el presidente de la Corte Suprema reiteró su rechazo a las críticas "injustas e indebidas" y a la "intromisión".
Rechazó que los fallos hayan podido estar influidos por presiones externas o de carácter político.
Se refirió además a su deseo de que la sociedad chilena escuche el mensaje del nuevo cardenal, Francisco Javier Errázuriz, en el sentido de lograr el perdón, el reencuentro entre los chilenos y la paz social.
"Asimismo, como ciudadano, tengo la esperanza que los actores políticos, ejerciendo su relevante papel de conductores que son, se esfuercen con sincero patriotismo, y se sumen a la urgente tarea de restablecer la ansiada pacificación nacional".
Al discurso de inauguración del año judicial 2001 concurrieron el ministro de Justicia José Antonio Gómez; el Contralor general de la República, Arturo Aylwin; el Fiscal Nacional, Guillermo Piedra Buena; la presidenta del Consejo de Defensa del Estado Clara Szczaranski; y el presidente de la fundación Paz Ciudadana y director de El Mercurio, Agustín Edwards.
Además ingresaron a la sala del Máximo Tribunal los ministros que conforman la Corte de Apelaciones y Suprema.
"Se nos negaba la verdad de lo ocurrido"
Al término de la ceremonia el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, se explayó en el tema de la investigación de los delitos contra los derechos humanos durante el gobierno militar y dijo que los tribunales recibían denuncias de desaparición de personas y recursos de amparo, pero no se les brindaba los antecedentes necesarios.
"Pedíamos la información respectiva y es lo que teníamos que hacer, porque los jueces no salen a investigar, y no se nos daba una información a cabalidad o se nos negaba la verdad de lo que había ocurrido, por eso los recursos no prosperaban", recalcó.
Insistió en que a partir del año 1990 los tribunales de justicia y la labor de los jueces contó con un mayor aporte de información y con pruebas más fidedignas, "y el resultado es lo que ustedes conocen: procesos investigados con éxito, resoluciones y condenas emblemáticas, bien importantes, de personeros de instituciones que tuvieron mucha responsabilidad y que yo creo que el país debe valorarlo", resaltó Alvarez.
El presidente de la Suprema dijo que en algunos casos particulares se podría haber hecho más, pero reconoció que el problema fue que "no tuvimos la oportunidad de realizar una real participación de investigación para poder dar soluciones inmediatas a las arbitrariedades y a las detenciones".
Alvarez no quiso culpar a un organismo o institución en particular por la falta de cooperación y ocultamiento de información con los tribunales durante el gobierno militar. "Los organismos correspondientes o que tuvieron alguna participación, porque el hecho es real que hubo gente que fue muerta, ultimada y lanzada al mar, no sé si el gobierno de la época lo sabía o no lo sabía, no quiero llegar a tanto, pero alguien tiene que haberlo sabido".
Agregó que todo lo que concierne a las investigaciones de los procesos por violaciones a los derechos humanos serán realizadas por los tribunales de justicia, pero aclaró que las connotaciones políticas que puedan tener estas causas "deben ser ajenas para nosotros, de manera que son los actores políticos los que deben abordar los efectos y tal vez las soluciones que ameriten estas inquietudes que producen estas causas, pero no nosotros".
