SANTIAGO.- Mujeres indígenas mapuche-pehuenches mantienen una vigilia ante los tribunales de justicia donde en las próximas horas se verá la nulidad de la concesión eléctrica a Endesa-España en el caso Ralco, y se determinará si la Ley Indígena prevalece por sobre la Ley Eléctrica.
Las mujeres pehuenches -que han resistido la inundación de sus tierras por parte de Endesa- rechazaron una vez más el Proyecto de la construcción de la hidroeléctrica Ralco que se levanta en el Alto del Bío Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Según las mujeres, el proyecto es "genocida y se ha desarrollado en un marco de innumerables irregularidades con abusos y violaciones a los derechos humanos".
Las ancianas hermanas Nicolasa y Berta Quintremán, que encabezan esta dura batalla, señalaron que el holding español Endesa mantiene ilegalmente sus obras, pese a no haber veredicto judicial, "como forma de presión hacia la justicia y nuestras comunidades que se encuentran en resistencia".
Denunciaron que "recientemente realizaron la profanación de uno de nuestros cementerios pehuenches lo que atenta directamente en contra de la dignidad de nuestros pueblos y por ende de nuestros ancestros".
Las mujeres pehuenches en resistencia exigen al gobierno que "solicite a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA una revisión completa del caso Ralco y ordene la paralización total de las obras hasta que no se haga pública la nueva investigación".
También piden al gobierno que "ordene la indemnización de todos los trabajadores pehuenches que resulten despedidos a causa de la paralización de las obras para así evitar la utilización política en favor de los intereses de Endesa".
Entretanto, en las últimas horas de anoche, el gobierno rectificó un documento suscrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que calificaba como una "aberración judicial" un fallo de un tribunal chileno que condenó por usurpación de tierras a 144 mapuches en 1992.
El director de Asuntos Jurídicos de la cancillería, Claudio Troncoso, explicó que las instrucciones entregadas a sus delegados en Washington era que se atuvieran estrictamente a posición chilena de pedir un plazo de 90 días para encontrar una solución a ambas partes.
De esta forma se eliminará el párrafo en cuestión, ya que se trata, según dijo Troncoso, de una declaración unilateral del Gobierno de la cual no hay un acuerdo o un pronunciamiento de la Cidh, por lo cual se cree que el organismo internacional no tendrá problemas.
El citado párrafo había provocó fuertes cuestionamientos por parte de la Comisión y se pidió que se citara a la canciller Soledad Alvear para dar explicaciones ante el Senado.
