SANTIAGO.- El ministro de Agricultura, Jaime Campos, expresó que el conflicto generado entre los arroceros y los industriales sobre el precio de comercialización del cereal, que se compra a 7 mil 100 pesos el quintal por los molineros, es "un problema entre privados".
Al respecto, precisó que el gobierno no puede intervenir los precios de comercialización por razones de carácter constitucional, a pesar que reconoció que la cartera que dirige está consciente que esos precios son inferiores a las expectativas de los productores.
El titular de la cartera explicó que a partir de la Constitución Política de 1980, comenzó a operar en Chile un modelo económico de mercado, dejando al Estado sin atribuciones para fijar política de precios.
En torno a eso señaló que "el libre juego de la oferta y la demanda fija y regula los precios de mercado", y en tal sentido añadió que "el precio debe fijarse entre los productores y los industriales", precisando que su Ministerio carece de atribuciones para intervenir en materias de regulación de precios, porque eso "sería colocarse al margen de nuestra institucionalidad", subrayó.
Sobre las declaraciones de algunos parlamentarios de oposición que ha apoyado a los arroceros, Campos opinó que éstos "mantienen un doble discurso". Ello porque indicó que al haber aprobado la Constitución Política de 1980 habrían condicionado la economía social de mercado que rige actualmente, por lo que "tienen una posición inconsistente", dijo al respecto.
Por otro lado, el secretario de Estado indicó que de existir una eventual práctica monopólica de parte de los industriales, deben ser los arroceros los que tienen que denunciar este tipo de irregularidad a la Fiscalía Antimonopolio, y de ocurrir eso, contarán con todo el apoyo de su repartición.
