SANTIAGO.- Más de un millón y medio de personas, equivalente a un cuarto de la población de Santiago, podría ser perjudicada por la aplicación de la restricción vehicular a los autos con convertidor catalítico en períodos de preemergencia y emergencia ambiental, medida que ya ha generado la pérdida de confianza en el Gobierno y que es calificada por sus opositores como "un directo ataque al conductor particular para ir en beneficio del transporte público".
Así lo indicó a ORBE el vocero de la Agrupación de Automovilistas de Chile, Cristián Araya, quien señaló que con esta nueva medida aplicada por el Ejecutivo, las personas "sienten que se ha faltado a la palabra" debido a que -explicó- muchos particulares hicieron un esfuerzo para comprar vehículos con nueva tecnología menos contaminante, "incluso endeudándose con millonarios préstamos, para acatar el llamado del Gobierno".
"Si uno viera que existe igual interés en atacar todas las fuentes de contaminación con el mismo énfasis, los automovilistas no tendrían ningún problema en subirse a una micro", aseguró.
Sin embargo, puntualizó que la medida en nada ayuda a la descontaminación de la capital y sólo sirve para perjudicar a los conductores y a sus familias.
Precisó que según cifras de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), las fuentes móviles en su totalidad contribuyen a la contaminación de Santiago sólo en un 4,52 por ciento. "Si uno separa los catalíticos de este ítem, el índice llegaría a un 0,3 por ciento de contribución a la contaminación por parte de estos automóviles".
"Entonces de qué contaminación por parte de los catalíticos estamos hablando. Esto es simplemente un ataque a los automovilistas en beneficio del transporte público", afirmó Cristián Araya.
Asimismo, sostuvo que perfectamente los automovilistas podrían acatar la medida si se aplicara una o dos veces al año como indicó ayer el ministro secretario de la Presidencia, Alvaro García, pero "lamentablemente ya se faltó a la palabra y no podemos creer ahora".
A modo de ejemplo, el representante de los automovilistas señaló que "bastaría por decreto que se cambie el límite de alta contaminación que está establecido para fijar períodos de preemergencia y emergencia ambiental en Santiago, para que la restricción sea aplicada durante más días".
Precisó que este límite está fijado en los niveles 300 y 500, respectivamente, y "perfectamente se podría adecuar a 100 y 200, lo que significaría preemergencia todo el año".
Gobierno privilegia a empresarios del transporte
En tanto, Cristián Araya criticó la actitud -a su juicio- de "privilegio" del Gobierno hacia los empresarios de la locomoción colectiva, indicando que el aumento de pasajeros con el Plan de Transporte Urbano ha significado para este sector "ganacias de 80 millones de pesos mensuales".
Aunque dijo que no le consta, "pareciera que hubiera un trato entre el Gobierno y el transporte público, porque se le está dando todo tipo de beneficios y no se ve una mejora en el servicio de las micros".
Acciones judiciales por restricción a catalíticos
Respecto de las acciones que tomarán para evitar la medida de restricción a los autos catalíticos, señaló que como agrupación apoyará la presentación de una acusación por parte de un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional y que se agotarán todos los recursos que existen en la justicia chilena para tratar de revertir la situación.
En todo caso, llamó al Gobierno a buscar una solución de consenso con la gente, porque "no se puede imponer a las personas que se bajen del auto para subirse a una micro".
La Contraloría se defiende
Ante las diversas informaciones y anuncios de querella para la Contraloría General de la República por autorizar la restricción a los vehículos catalíticos, el organismo sostuvo que: "Con respecto a su constitucionalidad, se tuvo especialmente a la vista lo preceptuado en el artículo 19, Nº 8, de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".
La Contraloría asegura que "se tuvieron en cuenta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a la protección de la salud, consagrados en los Nºs. 1 y 9, del mismo artículo 19".
Además de las disposiciones citadas, la entidad de control dice en un comunicado público que "la paralización de actividades y la restricción vehicular, que son aquellas medidas que constituyen restricción de derechos, tienen su fundamento tanto en la ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, como el Código Sanitario y en la ley Nº 18.290 del Tránsito".
Asegura que "esta Contraloría General debe señalar que las modificaciones ingresadas a trámite cumplieron con todas las etapas del procedimiento para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación, establecidas en la referida ley Nº19.300 y el reglamento respectivo.
