SANTIAGO.- La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la sala el constituirse en Comisión Investigadora para establecer las eventuales responsabilidades de autoridades de Gobierno involucradas en la reciente modificación del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.
Dicha modificación ha sido denunciada como "fraudulenta" por los ecologistas, pues según éstos, ocultamente y violando las disposiciones de la Ley de Medio Ambiente sobre publicidad y participación ciudadana, se habría eliminado la prohibición de extender la ciudad a costa de las áreas verdes y de uso silvoagropecuario.
El Plan de Descontaminación prohibía que la ciudad se continuase extendiendo, en razón que una ciudad más extensa genera viajes motorizados más prolongados y por ende mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera.
El director de la Coordinadora Ecologista, Luis Mariano Rendón, señaló al término de la reunión de la Comisión parlamentaria que esperaban que la investigación que se desarrolle permita establecer con total claridad la responsabilidad del ministro Alvaro García.
A juicio de la entidad, el secretario de estado "ha inducido al Presidente de la República a firmar un decreto fraudulento, a espaldas de la ciudadanía, para favorecer exclusivamente a especuladores inmobiliarios, los que gracias a una mera medida administrativa, y sin poner un ladrillo, van a ver multiplicado diez veces su patrimonio".
"Si pensamos que este enriquecimiento se produce gracias al deterioro de la salud de los cinco millones de habitantes de la capital, nos parece que se configura un cuadro no sólo de violación de la Ley, sino también reñido absolutamente con la ética, que debiese significar la remoción de (ministro) García", enfatizó.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados acordó además desarrollar una sesión especial para tratar este tema el día 1 de junio próximo, a la cual sería citado el ministro García, además de la directora ejecutiva de Conama, Adriana Hoffman y al contralor general de la República, Arturo Aylwin.
De la misma manera, se acordó oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que informe respecto de las identidades de los propietarios de los terrenos que se verían beneficiado por esta operación y al Ministerio de Vivienda para que informe sobre los proyectos inmobiliarios que se desarrollarían en ellos.
