SANTIAGO.- La Contraloría General de la República desestimó la impugnación realizada por diversos grupos ambientalistas a las modificaciones hechas al Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, fundamentalmente en lo referido a la desafectación de áreas verdes y de interés silvoagropecuario.
Así lo dio a conocer hoy el director de la Coordinadora Ecologista, Luis Mariano Rendón, quien calificó de "equivocada" la respuesta entregada por dicho organismo estatal, ya que "puede implicar una pérdida neta de áreas verdes en una ciudad que ya presenta un grave déficit en relación a los parámetros internacionales".
El pasado 18 de abril Rendón sostuvo una reunión con el contralor Arturo Aylwin, en la cual le dio a conocer una serie de antecedentes que a su juicio demostraban que en las modificaciones al Plan de Descontaminación de Santiago hubo un procedimiento fraudulento, con el objetivo de favorecer el crecimiento de la capital y satisfacer intereses económicos.
La culpa, según los ecologistas, recae en el ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García, quien no habría dado cuenta de nuevas disposiciones incluidas en el Decreto Supremo N°20.
Originalmente, la modificación proponía desafectar hasta un máximo de 10% de un área verde, con la obligación de construir y mantener en el restante 90% del terreno, un área verde de uso público y además compensar el 10% intervenido con otro terreno en un lugar diverso.
Sin embargo, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Claudio Orrego, modificó la propuesta y amplió la extensión susceptible de desafectar a un 20%, mientras la obligación de construir y desarrollar un área verde la redujo del 90 al 20% en el terreno restante.
"Desde nuestro punto de vista, es una modificación completa de lo que se propone a la ciudadanía y, por lo tanto, no se cumple con el requisito de una adecuada publicidad como lo establece la Ley de Bases del Medio Ambiente", sostuvo Rendón.
Tierras agrícolas
Según explicaron los ecologistas, la Contraloría no emitió un dictamen claro sobre las áreas de interés silvoagropecuario y de valor natural, tema que a su juicio es el más contundente, ya que "poder ampliar la ciudad a costa de terrenos agrícolas implica un daño irreversible, porque genera viajes motorizados más largos y, por lo tanto, mayores emisiones a la atmósfera".
El director de la Coordinadora Ecologista sostuvo que según se desprende del pronunciamiento de la Contraloría "se mantendría la imposibilidad de desafectar este tipo de terrenos (silvoagropecuarios) y que la 'flexibilización' sólo sería aplicable a áreas verdes".
"Sin embargo, este pronunciamiento no es del todo claro y podría prestarse a interpretaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar una serie de gestiones para lograr un pronunciamiento categórico de la Justicia sobre este tema, sin perjuicio de que le vamos a pedir al contralor también una aclaración respecto a esto", afirmó Rendón.
El ecologista agregó que también han iniciado una serie de acciones en otros ámbitos. En este sentido, Rendón informó que esta semana la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados solicitó la autorización correspondiente para constituirse en comisión investigadora a fin de establecer las responsabilidades políticas de las autoridades de Gobierno involucradas.
Por esta razón, el 1 de junio se realizará una sesión especial a la cual ha sido citado el ministro Alvaro García, la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Adriana Hoffmann, y el contralor general de la República, Arturo Aylwin.
Gobierno ha presionado
Según Luis Mariano Rendón, no cabe ninguna duda de que el Gobierno ha ejercido presión sobre el contralor Arturo Aylwin, aunque manifestó su confianza de que el personero supo mantener la independencia suficiente respecto al tema "y que este pronunciamiento responda a sus convicciones".
"Estamos hablando de grandes negociados inmobiliarios, de cientos de millones de dólares, y, por lo tanto, debe ser un tema donde haya absoluta transparencia", enfatizó Rendón.
En tanto, el consejero del gobierno regional metropolitano Pedro Seitz, coincidió con Rendón y afirmó que efectivamente hubo una "presión" indebida.
"Han puesto todo esto en el ámbito solamente económico y solamente en el ámbito de generación de empleos (...). La planificación de una ciudad no se hace de carácter coyuntural. Creo que es tremendamente peligroso, tremendamente riesgoso (...). Esta presión indebida que se está haciendo de parte del Gobierno, de parte del empresariado, concretamente, de parte del ministro de la Vivienda, nos parece preocupante", puntualizó el consejero.
Seitz calificó de "economicista" la resolución emanada de la Contraloría, y manifestó su voluntad de trabajar y votar en contra de ella.
