SANTIAGO.- El diputado Nelson Avila, denunció la existencia de un millonario fraude al interior de la armada por traslados -mudanzas- de residencia ficticios al cual tienen derecho, por norma, los funcionarios que se acogen a retiro.
Explicó que el delito se origina cuando ciertos funcionarios se coluden con una empresas de transporte para hacer aparecer ficticiamente una mudanza que nunca se concreta.
Luego, el dinero que entrega la Armada (por el beneficio que corresponde a quines dejan la institución) se reparte entre la empresa de transporte y el funcionario que nunca se cambió de casa.
Lo peor es que muchas veces la organización usa el nombre de funcionarios que nunca se enteraron ni usaron el beneficio, por lo que varios de ellos se encuentran procesados hasta el momento sin haber cometido delito.
En la actualidad - indicó Avila - existen alrededor de 170 suboficiales en retiro afectados por esta situación, estimándose que tan sólo el 30 por ciento de ellos estaban efectivamente involucrados en el ilícito y el 70 por ciento restante, sólo se les ocupó su nombre.
''Este es un caso más en donde queda demostrado la discriminación que en las instituciones armadas sufre la gente de tropa frente al personal de oficiales (...) Todo este fraude se pudo materializar con la falta de control de parte de los oficiales responsables de supervisar el correcto uso del beneficio'', aseveró Avila.
Asimismo, agregó que para explicar el hecho existen dos posibilidades: abandono de deberes o complicidad en los hechos investigados.
Sostuvo que en cualquiera de los casos debe existir una sanción, pero que en la Armada sólo son castigados los funcionarios subalternos.
Algunos de los afectados, que acompañaron al diputado Avila, dijeron que su malestar pasa por "haber servido tantos años a la institución y que por un error, consciente o inconsciente, seamos apuntados y señalados como vulgares delincuentes".
Informaron que una vez iniciada la investigación al interior de la institución castrense, muchos de ellos estuvieron detenidos sin saber las razones, ya que los "procesos hasta el momento han sido muy arbitrarios. Hay antecedentes concretos de que a ciertos funcionarios que sabían del ilícito, se les obligó a no nombrar a oficiales que participaban de ellos", denunciaron.
Por esta razón, "hasta el momento no existe ningún oficial procesado", dijo el diputado Avila.
Además, el legislador sostuvo que muchas de estas personas percibían como un derecho recibir dinero por concepto de mudanza "la hiciere o no", sin saber que caían en un ilícito.
Testimonio
El sargento primero (r ) de la Armada, Eduardo Cárdenas, quien cumplió 25 años de servicio en la institución antes de retirarse, relató que su caso se incluye en el 70 por ciento que no se enteró de la estafa. "Hice tramites para mi traslado a Iquique, pero no pude materializarlo. Me quedé en Santiago y me olvidé del traslado, eso fue el año 1996 y a fines de 1998 me llegó una citación de la fiscalía para fuera a declarar con respecto a un fraude. Hice mi declaración diciendo que nunca había recibido dinero por concepto de traslado. Me dijeron que me despreocupara, que estaba todo claro, pero el año pasado me llegó otra citación de la fiscalía en la que se me llamó para que firmara un documento. Cuando me presenté, me detuvieron, me esposaron y me dejaron preso sin yo haber recibido un peso", explicó, al tiempo que señaló que el supuesto fraude fue por 200 mil pesos y que aún debe ir a firmar semanalmente a la fiscalía militar "como un delincuente cualquiera".
