LIMA.- El ministro de Justicia de Perú, Diego García Sayán, afirmó hoy que su país ha cumplido con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al declarar nulas las condenas contra cuatro chilenos por delito de terrorismo.
García Sayán rechazó que la decisión tomada hoy por el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), que ordenó un nuevo juicio para los chilenos en los tribunales civiles, se haya tomado en respuesta a la huelga de hambre que éstos realizan en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, en el departamento sur andino de Puno.
Añadió, sin embargo, que después de la decisión del CSJM los cuatro chilenos deben deponer la huelga de hambre que iniciaron hace dos semanas.
El ministro mantuvo que desde que Perú normalizó sus relaciones con la CIDH, con la llegada al poder del gobierno transitorio que preside Valentín Paniagua, ''era lógico que el Estado acatara las sentencias pendientes heredadas del régimen anterior (del destituido presidente Alberto Fujimori)''.
García Sayán dijo, además, que el nuevo proceso en el fuero común no significa flexibilidad del gobierno peruano con el terrorismo, ya que, según dijo, ''hay acusaciones serias'' contra los chilenos que deberán ser revisadas por la justicia ordinaria.
''Ellos tendrán pleno derecho a la defensa, pero será la justicia que determinará su situación'', remarcó.
El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) de Perú anuló hoy las condenas que impuso en 1994 contra cuatro ciudadanos chilenos por el delito de terrorismo agravado o Traición a la Patria y ordenó el inicio de un nuevo juicio en el fuero común.
Los chilenos, Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáenz y Lautáro Enrique Mellado Saavedra, fueron condenados a cadena perpetua acusados de pertenecer al terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), mientras que el cuarto, Alejandro Luis Astorga Valdez, recibió una condena de 30 años de prisión.
Los cuatro fueron sentenciados por tribunales militares anónimos, y se consideró que durante el juicio no gozaron del derecho al debido proceso.
La medida dispuesta hoy por el máximo órgano judicial a nivel castrense acata una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 30 de mayo de 1999, según informó el CSJM mediante un comunicado oficial.
El fallo de la CIDH provocó el mismo año la retirada de Perú de la jurisdicción del tribunal interamericano debido a que el gobierno del ex jefe de Estado Alberto Fujimori se negó a acatarlo.
